A más de medio año de su inauguración formal por parte del entonces gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, el puerto de Ituzaingó permanece sin operaciones. Desde el sector industrial denuncian que la parálisis de esta obra de 50 millones de dólares no responde a cuestiones de infraestructura, sino a una profunda «falta de decisión política» a nivel nacional que impide mejorar la competitividad de exportaciones clave como la madera y la yerba mate.
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Pablo Rigal, gerente forestal de Las Marías y titular del aserradero de la firma en Virasoro, fue contundente al analizar la situación: «Los puertos y las condiciones están. Este es un tema más político que logístico».
Según el empresario, la falta de operatividad afecta la rentabilidad tanto de la industria como de los pequeños productores.
El freno legislativo y el conflicto de las barcazas
El punto de conflicto central radica en la infraestructura legal. El sector forestal señala que para que el puerto sea viable se requiere de un flujo constante de barcazas, preferentemente de origen paraguayo por sus bajos costos operativos.
Sin embargo, el Decreto 340/25, que buscaba desregular la Marina Mercante y otorgar tratamiento de matrícula nacional a buques extranjeros, fue rechazado por el Congreso de la Nación.
La normativa naufragó en el Poder Legislativo debido a que incluía incisos que restringían el derecho a huelga y generaban controversia sobre la soberanía fluvial.
Para la industria, este rechazo fue un golpe letal a la puesta en marcha inmediata, ya que permitía operar naves extranjeras sin necesidad de personal argentino, reduciendo drásticamente los costos.
Logística: el costo de no navegar
Hoy, el factor logístico representa no menos del 30% de los costos de producción para las empresas del norte correntino. El paso del transporte terrestre al fluvial permitiría:
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Reducir 20 dólares el costo por metro cúbico.
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Ahorrar 1.000 dólares por contenedor exportado.
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Generar una ganancia adicional de 1.000 dólares por hectárea para el productor primario.
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Descomprimir las rutas de la región, que presentan un marcado deterioro por el tránsito pesado de camiones.
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Inversores «desatendidos»
Mientras el Gobierno provincial, a través del director de Transporte Fluvial, Adolfo Escobar Damús, avanza en el diseño del «layout» operativo (distribución de muelles y zonas de carga), la preocupación se traslada a la gestión de capitales. Rigal lamentó que existen empresas extranjeras interesadas en invertir que no son recibidas por las autoridades nacionales.
«Hay muchas empresas interesadas a las que las tratan con desprecio o ni siquiera las atienden. Y eso que no piden plata», sostuvo el gerente de Las Marías a Bichos de Campo.
Se estima que, tras siete años de trabajo, solo restaría una inversión equivalente a un quinto del presupuesto original para completar tareas de dragado y detalles finales, pero el sector privado coincide en que el obstáculo no es financiero, sino la falta de un marco normativo claro que permita al privado trabajar.