Mientras el fuego avanza sobre bosques nativos, viviendas y comunidades enteras en la Patagonia, los números del presupuesto nacional exponen una grieta profunda entre el discurso de emergencia y la política de fondos. En 2025, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) dejó sin ejecutar el 25% del presupuesto asignado, lo que equivale a casi $20.000 millones, según un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
La cifra cobra especial relevancia en un escenario crítico: actualmente hay cinco focos activos en la región patagónica, con epicentro en Puerto Patriada, El Hoyo (Chubut), donde ya se quemaron unas 3.500 hectáreas de campo y bosque nativo, de acuerdo con datos oficiales de la Agencia Federal de Emergencias. A eso se suman incendios en el Parque Nacional Los Alerces, Los Glaciares y zonas de Neuquén.
Sin embargo, más allá de la gravedad ambiental, el debate de fondo vuelve a instalarse sobre qué tan preparada está la estructura estatal para prevenir y combatir el fuego, y qué rol juega la ejecución presupuestaria en esa capacidad.
Un presupuesto que no se ejecuta
El SNMF, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, es el principal programa federal destinado tanto a la prevención como al combate de incendios forestales. Sus recursos financian brigadistas, medios aéreos, equipamiento, logística, capacitación y asistencia a las provincias cuando estas solicitan apoyo.
Según el informe de FARN, en 2025 una cuarta parte del presupuesto asignado no se utilizó. Desde la organización advierten que esos fondos podrían haberse destinado a fortalecer infraestructura, mejorar condiciones laborales y ampliar capacidades operativas, en un contexto donde los incendios son cada vez más frecuentes, extensos y difíciles de controlar.
El dato no es aislado. En 2024, el SNMF ejecutó apenas el 22% del presupuesto anual, año que terminó siendo el de mayor superficie quemada de los últimos seis, con 301.604 hectáreas afectadas en todo el país, según cifras oficiales analizadas por FARN y publicadas por Chequeado.
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En términos reales, ajustados por inflación, en 2024 se ejecutó 81% menos presupuesto que en 2023, último año del gobierno de Alberto Fernández. Si bien en 2025 la ejecución fue 8,5% mayor que en 2023, la mejora no alcanzó para revertir el fuerte deterioro previo.
Desde FARN explican que ese leve repunte respondió a ampliaciones presupuestarias concentradas en el último trimestre, mayormente destinadas al alquiler de maquinaria, equipos y transporte, lo que refuerza una lógica reactiva: se gasta cuando el incendio ya está desatado, no antes.
El ajuste que viene
El panorama hacia adelante resulta aún más preocupante. De acuerdo con el proyecto de Presupuesto 2026, los fondos destinados al Servicio Nacional de Manejo del Fuego sufrirán una caída real del 71,6% respecto de 2025 y del 68,9% en comparación con 2023.
Además, la participación del SNMF dentro del presupuesto total nacional se reduce de manera drástica: pasará del 0,032% en 2023 al 0,014% en 2026, lo que implica una merma del 57% en términos relativos.
“Los montos asignados y ejecutados durante la gestión actual permiten visualizar que el manejo del fuego no es una prioridad”, sostuvo Ariel Slipak, coordinador del área de Investigación de FARN, en diálogo con Chequeado. Y agregó: “La lógica de actuación es siempre con los incendios consumados y nunca con carácter preventivo”.
Slipak subrayó además que no alcanza con discutir el monto del presupuesto, sino que es necesario abordar las causas estructurales de los incendios, como el uso del suelo, los desmontes, las prácticas productivas no sostenibles y la falta de controles efectivos.
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Emergencia climática y decisión política
Más de 20 organizaciones ambientales coincidieron en señalar que los incendios que afectan hoy a la Patagonia son síntomas de una crisis climática global, agravada por la inacción estatal en prevención y mitigación. En Chubut, incluso, la Justicia investiga el carácter intencional de algunos focos, lo que suma otra capa de complejidad al problema.
En ese contexto, la subejecución de fondos y el recorte proyectado para 2026 dejan una pregunta abierta: ¿puede el Estado enfrentar incendios cada vez más destructivos con menos recursos y una estrategia centrada en la emergencia y no en la prevención? Por ahora, los números sugieren que el fuego avanza más rápido que las decisiones presupuestarias.