Los hechos ocurrieron hace un año en el partido bonaerense de Pergamino. En el pedido de dinero a la industria cárnica, mostraron una supuesta denuncia por contaminación ambiental y pidieron dinero para «arreglar un problema». El otro caso refiere a una taberna del pueblo La Violeta, cuyo dueño fue instado a pagar 500 mil pesos a cambio de no quedar involucrado en un expediente de drogas.
Al llegar al lugar, solicitaron hacer una inspección en el sector de decantación y la presencia del gerente. Como no se encontraba, fueron atendidos por un empleado administrativo. Luego, dos de los policías realizaron la recorrida junto al jefe de higiene y seguridad del frigorífico, y el tercero se quedó con el empleado a quien le solicitó “una colaboración”, requerimiento al que no accedió.
Todo quedó filmado. En ningún momento, los policías exhibieron el contenido de la documentación que supuestamente respaldaba el procedimiento. La visita se repitió el 21 de agosto al mediodía, cuando los mismos policías se presentaron en la planta avícola, esta vez a bordo de una camioneta Ford Ranger identificada con las siglas PFA. Y nuevamente solicitaron hablar con el gerente, pero no estaba. Luego, se presentaron al menos en una oportunidad más.
El Batata
Por otra parte, al policía Jorge González se le atribuyó haberle requerido 500 mil pesos a dueño del bar El Batata, de La Violeta, como retribución a no clausurar el local y no vincularlo con una investigación por venta de droga. La víctima no accedió a la solicitud.
El hecho tuvo lugar el 26 de septiembre de 2024, fecha en la cual se hizo efectiva la clausura del piringundín. Para cerrarlo, González contactó previamente mediante audios, mensajes y personalmente al director de Habilitaciones de la Municipalidad de Pergamino, a quien instó a efectivizar la clausura porque el comercio no tenía habilitación municipal a lo que añadió la conexión con una investigación en curso por venta de drogas.
En esa pesquisa, se investigaban domicilios de la localidad de La Violeta –de apenas 2600 habitantes– por supuesta venta minorista de droga. Se inició en marzo de 2024 a partir de una denuncia del secretario de Seguridad de Pergamino, en la cual se indicaba la existencia de plantas de marihuana en dos domicilios.
El 14 de septiembre, González le reportó a Koch que, si bien no se veían movimientos compatibles con la venta de drogas en el bar, se observaba a la persona denunciada frecuentarlo y a otras vinculadas al juego clandestino. No obstante, no se acompañó fotografía o evidencia para ilustrar o acreditar esa circunstancia.
Koch y Jorge González se presentaron en la casa del delegado municipal de La Violeta, Héctor Esordi, y le requirieron que formulara una denuncia, que se materializó días después cuando González viajó a La Violeta y trasladó al funcionario a la sede Pergamino de la PFA.
En esa oportunidad, en presencia de Koch, Jorge y Juan González le hicieron suscribir a Esordi una denuncia previamente redactada por el personal policial, donde se asentaron datos falsos, y a la que no se le dio trámite.
En este caso, los hechos se corroboraron a partir de la declaración de los funcionarios municipales de La Violeta y Guerrico y del dueño del bar objeto de las maniobras, indicó fiscales.gob.ar.
El subcomisario Koch (jefe de la División Unidad Operativa), y los sargentos Juan Carlos González y Jorge Ariel González fueron condenados a 1 año y 6 meses de prisión condicional, multa de un millón de pesos, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el plazo de 3 años e inhabilitación absoluta por el doble de la condena, por considerárselos coautores del delito de exacciones ilegales, en concurso real con el delito de falsedad ideológica agravada por ser funcionarios públicos. Al cuarto condenado, el suboficial Coronel, le endilgaron la coautoría de un solo hecho de exacciones ilegales y se le fijó una pena de un año de prisión condicional, e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 3 años.