La causa lleva abierta veinte días y bajo estudio se encuentran presuntos hechos de corrupción que involucran a la droguería Suizo Argentina y a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a través de un posible circuito de sobornos. Para avanzar en esta hipótesis, el fiscal federal Franco Picardi aguarda por una prueba clave.
Durante los últimos allanamientos, la justicia exigió a la ANDIS y a la droguería la entrega de documentación vinculada a compra de medicamentos y también correos electrónicos. Previo a ello, ya había secuestrado quince cajas de documentos en sus dos sedes.
Hay dos sospechas que se entrecruzan: por un lado que se favoreció a la Suizo Argentina de manera irregular con compras de medicamentos. En este punto se investigan posibles sobreprecios y licitaciones direccionadas.
En caso de corroborar que ese entramado existió, tiene inmediata repercusión en el segundo esquema y en el que se concentra el fiscal Franco Picardi: la posible ruta de coimas.
En Comodoro Py la fiscalía trabaja en la reconstrucción del posible circuito de sobornos descripto en el audio que tomó estado público y que tiene como protagonista a Diego Spagnuolo, que como dio a conocer Clarín, evalúa por estas horas si se pedirá convertirse en un imputado colaborador en el expediente.
Cuando la grabación en la que habla de un esquema de presuntas coimas con porcentajes distribuidos en el que Karina Milei percibiría el 3% del 8% exigido como coima a la Suizo Argentina¿ tomó estado público, el entonces titular de la ANDIS fue despedido.
En función de eso una de las últimas medidas requeridas al juez Casanello por el representante del Ministerio Público Fiscal, fue el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker. La medida alcanza al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, la ruta de los fondos es una tarea en la que se concentra la fiscalía en función de los hechos denunciados y que dieron origen al expediente penal.
Para avanzar en esta tesis se aguarda la información bancaria y fiscal tras el levantamiento del secreto ordenado sobre los dueños de la droguería y también sobre el ex funcionario.
En los últimos allanamientos, Picardi ordenó que se secuestren mails y toda la documentación sobre vínculos comerciales. Esto tiene que ver con un pedido puntual de retirar de la Agencia y de la droguería, “más expedientes de compra de medicamentos”, como explicaron fuentes allegadas a la causa.
Durante los primeros allanamientos ingresó a la fiscalía información sobre pagos del organismo de discapacidad nacional a la Suizo Argentina por 10.828.052,146 pesos. Las cifras bajo investigación incluyen otros contratos.