Tras el rechazo al veto de la ley emergencia en discapacidad por parte del Senado, la Casa Rosada evalúa si recurrirá a la Justicia para objetar la legalidad de la ley. Los equipos técnicos de secretaría Legal y Técnica y del ministerio de Justicia exploran argumentos, pero en el gabinete dudan sobre la conveniencia de exponerse a otra derrota política.
El Gobierno también buscará evitar cambios en la ley de DNU que obtuvo este jueves media sanción en el Senado y que modifica los cambios de la mesa chica de Javier Milei para la segunda mitad del mandato, cuando buscará recurrir más que nunca a la lapicera presidencial.
El oficialismo completó con la sesión de este jueves una sucesión de 20 derrotas consecutivas en el Congreso en los últimos 40 días.
«Si aún se diera la circunstancia de que el veto se cae, lo vamos a judicializar«, prometió el propio Javier Milei durante su discurso en Bolsa de Comercio. La idea de judicializar la iniciativa empezó a pergeñarse el mismo día en que la Cámara Alta convirtió en ley el proyecto.
El Presidente, Patricia Bullrich y Guillermo Francos habían sido los responsables de poner en tela de juicio la legitimidad de la sesión por lo que también responsabilizaron oportunamente a Victoria Villarruel. «La Vicepresidenta tendría que haberse puesto a la cabeza de decir ‘no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, no es legal, no es legítima porque no estaba convocada. Punto. Esa es la discusión», dijo en julio la ministra de Seguridad.
Para buena parte de la oposición, el veto presidencial a la emergencia en discapacidad representaba el reconocimiento del Ejecutivo de que la sanción de la ley se atuvo a derecho. Hoy los alfiles judiciales del Gobierno echan mano a otros argumentos, como la ley de responsabilidad financiera. En la Rosada sugerían la posibilidad de recurrir al fuero contencioso administrativo y consignar que la emergencia en discapacidad no cumple con la normativa mencionada.
Por ignorancia o de manera deliberada, cerca del Presidente argumentaban que no promulgarían la ley. En rigor, el Ejecutivo no debe hacerlo, porque la normativa entra directamente en vigencia una vez que se levanta el veto
El ministerio de Economía podría no habilitar los recursos afectados, como ya hizo con otras leyes con asignaciones específicas incluso a pesar de fallos adversos de la Justicia.
“No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero”, dijo el propio Milei el mes pasado en una entrevista.
Paradójicamente, antes de que avanzara la votación en la Cámara de Diputados contra el veto, el vocero Manuel Adorni anunció que el Gobierno estaba considerando un aumento de las pensiones. Sin embargo, ese anticipo jamás se formalizó en algún tipo de anuncio por parte del Poder Ejecutivo.
Milei, de gira este jueves en Los Angeles, Estados Unidos, para participar de encuentros con inversores junto al ministro de Economía, Luis Caputo, replicó en redes sociales mensajes en los que se denuncia el rechazo al veto -el primero en 22 años- como un golpe institucional.
“No lo hicieron con Macri, con Fernández, menos con Kirchner. Cambiaron su posición respecto al VETO, esto es un GOLPE INSTITUCIONAL. El presidente no puede gobernar con minoría legislativa necesita MÁS diputados y senadores”, escribió el diputado “radical con peluca” Luis Picat en X. El jefe de Estado reposteó su mensaje.
El Presidente argumentó hace un mes que la emergencia violaba la restricción financiera. En el medio anunció por cadena nacional el envío de un proyecto de ley para impedir que se sancionen nuevas leyes que afecten el equilibrio, pero hasta el momento tampoco se concretó ese anticipo del jefe de Estado.