El principal logro que festeja el Gobierno es, al mismo tiempo, el que más polémica está generando: los decibeles de la discusión sobre si el superávit fiscal es verdadero o si está «inflado» por la forma de contabilizar los intereses de la deuda están llegando a su nivel máximo.
Luis Caputo festejó su resultado positivo número 19 en las cuentas fiscales, con el superávit primario de $1,7 billones, aunque tuvo un alto en el resultado financiero -es decir, el que queda cuando, además de los gastos corrientes, se cuenta el pago de intereses de la deuda-. En ese plano, hubo un déficit de $168.515 millones, que el ministro atribuyó a una situación puntual: los vencimientos de los cupones semestrales de bonos.
Pero destacó que, en el acumulado de los primeros siete meses, el resultado financiero sigue siendo positivo por un 0,3% del PBI. Y se armó nuevamente la discusión.
Los que cuestionan la metodología contable del Gobierno afirman que, en realidad, no hay un superávit de 0,3%, sino un déficit de 1,6%, de acuerdo con las estimaciones de la consultora Equilibra.
El argumento es que, a la hora de informar las cuentas, el gobierno no considera los intereses que se van acumulando -pero que no se pagan hasta el final de la vida del bono- en el caso de las Lecaps, los títulos del Tesoro que absorbieron casi toda la liquidez que en otros tiempos se alojaba en las famosas «bola de Lebacs» -durante la gestión macrista- y «bola de Leliqs» -en la gestión de Alberto Fernández.
La discusión está planteada desde hace tiempo, pero se hace más dura en la medida en que el Tesoro convalida mayores tasas de interés en cada licitación de deuda -para el último «rollover» se pagó 69,2% anual y aun así «sobraron» $5,8 billones-.
Hablando en plata, ese monto de intereses asumidos, pero todavía no pagados ascendió a casi $20 billones, según estimó Christian Buteler, uno de los economistas más críticos sobre la metodología oficial.
El fantasma de las tasas en alza
El gobierno y sus economistas afines han desestimado las críticas, e incluso con acusaciones de que quienes protestan incurren en confusiones conceptuales dignas de un amateur. Sin embargo, cada vez son más los que, con matices, dicen que no hay que ignorar el peso de los intereses sobre el resultado fiscal.
Y no se trata solamente de los economistas abiertamente críticos, sino también los que comparten la filosofía fiscalista de Javier Milei.
Por caso, Nicolás Dujovne, exministro de economía de la gestión macrista, estimó en no menos de un punto del PBI ese costo financiero, aunque dijo que no se trataba de un problema grave dado el esfuerzo de recorte del gasto público hecho por el gobierno.
La gestora de fondos SBS, en su último reporte, advirtió que el problema se agrava a medida que las tasas de interés se hacen más altas en cada renovación de deuda.
«Dicho costo financiero existe y deberá reducirse desde los altos niveles actuales de tasas reales, para evitar presiones sobre el superávit primario necesario a mediano plazo para la sostenibilidad», argumenta SBS, que reclama «cuanto antes iniciar un sendero de tasas reales decrecientes compatibles no solo con la sostenibilidad de la deuda sino con el crecimiento económico general».
Pero la señal más preocupante para el gobierno viene nada menos que del Fondo Monetario Internacional, que en su último reporte, al tiempo que autorizaba el refuerzo de u$s2.000 millones para la caja del BCRA, dio su punto de vista sobre la contabilidad fiscal.
El staff del FMI sí considera que esos intereses deben ser contabilizados -aunque ajustados por inflación. De manera que, mientras para Toto Caputo esos intereses son igual a cero, para los economistas del Fondo que escribieron el reporte, ya son 2% del PBI. Como el superávit primario -el de ingresos y gastos corrientes, sin contar pagos de intereses- fue de 0,8% del PBI entre enero y mayo, entonces la conclusión es que el resultado fiscal total es negativo en 1,2% del PBI.
Caja, devengado y la doble imputación
La defensa del Gobierno es que la forma correcta de contabilizar esos intereses es en la relación entre la deuda total y el PBI, y que ese ratio está bajando -está en un 45%, mientras que a noviembre de 2023 rondaba el 56%.
Para los economistas que apoyan esta tesis, no se puede contar la acumulación de intereses de las Lecap en el resultado fiscal, porque supondría una mezcla de flujos con stocks, un error metodológico.
Y lo comparan con una persona que considere que sus finanzas del mes fueron negativas, porque tiene cuotas con la tarjeta hasta diciembre. El argumento de quienes defienden la contabilidad oficial es que, si se cuentan los intereses acumulados de las Lecaps, entonces también tienen que considerarse los ingresos futuros a la caja de ARCA y el efecto de la reactivación de la economía.
Entre quienes argumentan de esa forma figura Ramiro Castiñeira, analista de Econométrica, quien dice que, sea cual sea el método aplicado, hubo un ajuste de 15% del PBI. En «base caja», se pasó de 15% a 0%, mientras que en «base devengado» -es decir, capitalizando los intereses-, se pasó de un rojo de 17%a uno de menos de 2% del PBI.
«¿Y por qué baja el stock de la deuda pública si se capitalizan intereses? Porque se paga capital cash, principalmente de la deuda en dólares, en mayor magnitud de lo que se capitaliza la deuda en pesos», sostiene Castiñeira, para quien los críticos caen en el error de «doble imputación».
También el economista Fernando Corvaro argumentó en ese sentido, y observó que, si se consideran los intereses reales, en 2024 -cuando la renta era negativa ante la inflación- habría ocurrido el efecto inverso, en el que se habría reflejado un superávit irreal.
El debate parece no tener fin. Uno de los economistas más influyentes del mercado, Ricardo Arriazu -que ha elogiado abiertamente el programa de Milei- se refirió al tema y se preguntó qué diría Fray Luca Pacioli, el padre de la contabilidad, sobre este punto.
Según Arriazu, la clave pasa por mantener la consistencia entre las variaciones del gasto con la del patrimonio financiero. Y recordó que muchas veces en la historia reciente hubo erogaciones que quedaron registrados como deuda, pero no como gasto en las cuentas fiscales. Su recomendación es considerar los balances consolidados del Tesoro y el BCRA, dado que muchos gobiernos han usado al Central para ocultar déficits.