El Gobierno anunció el inicio formal del proceso para privatizar la empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). La medida, comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, marca un punto de inflexión en la gestión de la compañía, reestatizada en 2006, y abre la puerta a la participación de capitales privados en el sector de agua y saneamiento.
El vocero presidencial detalló que el plan del Gobierno consiste en la privatización de AySA a través de la incorporación de capital privado. Este proceso se ejecutará mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa, que actualmente pertenecen al Estado.
“Todo este proceso, que inicia hoy, será regulado por la Comisión Nacional de Valores y ajustado a los estándares más altos nacionales e internacionales para garantizar la transferencia”, afirmó Adorni. El objetivo, según el funcionario, es modernizar el sector y mejorar tanto el precio como la calidad del servicio.
Respecto al 10% restante del paquete accionario, el Gobierno informó que los empleados de la empresa permanecerán como accionistas. Esta participación se enmarcará dentro del programa de propiedad participada que ya se encuentra vigente en la compañía.
Durante la conferencia de prensa, Manuel Adorni expuso los argumentos del Gobierno para avanzar con la privatización. El vocero señaló un fuerte deterioro financiero y operativo de la empresa desde su reestatización en 2006.
Según los datos presentados, AySA requirió aportes permanentes del Tesoro Nacional que totalizaron más de 13.400 millones de dólares hasta el año 2023. “Desde su reestatización en 2006, AySA requirió aportes permanentes del Tesoro Nacional”, indicó el portavoz.
Adorni también apuntó a la gestión operativa. Mencionó que la dotación de personal creció un 90% durante el período de gestión estatal y que el nivel de morosidad por parte de los usuarios alcanzó el 16%, mientras que su promedio histórico se ubicaba en el 4%.
El funcionario fue especialmente crítico con la última gestión, encabezada por Malena Galmarini durante la presidencia de Alberto Fernández. “Al asumir este gobierno se encontró que en AySA se habían gastado más de 4800 millones de dólares solo en la última gestión”, declaró. Y agregó: “Con todo este presupuesto, la empresa funcionó como una plataforma de campaña”.
Adorni denunció que de 200 millones de dólares destinados a obras, el 25% se asignó a los municipios de Tigre y Malvinas Argentinas, de donde provenían sus principales directivos. Afirmó también que se gastaron 1.300.000 dólares entre 2022 y 2023 en patrocinios para eventos en esos mismos distritos y recordó la compra de camionetas Kangoo en 2023 “por un precio muy superior al de mercado”.
La decisión del Gobierno se alinea con una propuesta que las propias autoridades de AySA, bajo la presidencia de Alejo Maxit, entregaron al Poder Ejecutivo a fines de marzo. En ese plan, la compañía planteaba dos alternativas para la venta: la licitación que finalmente se anunció o el lanzamiento de las acciones a la Bolsa para que el mercado fijara su valor.
Mientras tanto, la empresa se enfocó en mejorar sus números. Según cifras que llegaron al Gobierno, AySA proyecta cerrar el primer año de la nueva gestión con un resultado operativo positivo de 104.000 millones de pesos, en contraste con el déficit de 278.000 millones de pesos registrado en 2023.
El plan de la compañía también contempla la transferencia de 83 obras de expansión de gran envergadura a la Secretaría de Obras Públicas, a municipios o a la provincia de Buenos Aires.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.