Por Candela Ramírez
Las últimas semanas, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) volvió a ser noticia. El gobierno nacional dispuso por decreto la transformación de esta institución y desde entonces, organismos de derechos humanos sobre todo Abuelas de Plaza de Mayo advierten los riesgos de dicha medida gubernamental.
Lo último que se anunció fue la prórroga de la designación de la actual directora de la institución, Mariana Herrera Piñero, cuyo mandato estaba vencido por lo que el Banco estaba acéfalo. Se supone que esta medida rige hasta que se habilite un nuevo concurso para elegir autoridades.
“Es un paso muy importante porque permite que el banco siga funcionando, pero persisten los otros riesgos que advertimos recientemente en una presentación en el Juzgado Federal N°2 de San Martín”, explicó a este medio Carolina Villella, integrante del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, institución que depende del buen funcionamiento del Banco.
El Banco Nacional de Datos Genéticos es un archivo sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de desaparecidos por la última dictadura militar argentina entre 1976 y 1983. Desde su creación en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, recibieron la muestra de 14 mil personas. Hasta los registros de 2023 se estimó que, por año, dieron su muestra alrededor 1200 personas.
A pesar de los cambios de gestión a través de las décadas, el Banco siempre siguió funcionando, se sostuvo como política de Estado. La primera alerta grave fue durante el gobierno de Javier Milei en el primer semestre de 2024, cuando se pretendió incluir al Banco dentro de las instituciones a intervenir a través de la llamada Ley Bases. El Congreso blindó al Banco en aquella oportunidad.
Villella lo explicó con detalle: “La Ley Bases establece la emergencia financiera y económica, establece varias emergencias en el artículo 1 y acto seguido dispone la delegación de facultades extraordinarias en cabeza del poder ejecutivo con la finalidad de garantizar la eficiencia de los organismos. Para eso en los artículos 3 y 6 se lo faculta a modificar las estructuras, los objetivos, disolver o fusionar organismos y entidades del Estado. El propio Congreso le estableció algunos requisitos fundamentales y algunos límites que son muy claros. En los artículos 3 y 6, el Congreso dispuso como límite para garantizar la protección de algunas instituciones que consideran que son de gran relevancia para el orden democrático y entre ellos se encuentra el CONICET, el INTA y el Banco Nacional de Datos Genéticos”.
El 23 de mayo de este año, el Gobierno nacional publicó el decreto 351 en el Boletín Oficial que dispuso “la transformación” del BNDG. Si bien respalda su argumento en la Ley Bases, Villella enfatizó que justamente “el propio Congreso le prohíbe al presidente que en el ejercicio de las facultades extraordinarias pueda disolver el Banco Nacional de Datos Genéticos y también le prohíbe que pueda intervenirlo”.
Por esto mismo, en su presentación ante la Justicia Abuelas planteó la inconstitucionalidad del decreto. Además, “como todo decreto también tiene que ser sometido al análisis de la comisión bicameral del Congreso para que determinen si se trata de un decreto válido o inválido”: “Nosotros sostenemos que se trata de un decreto inválido justamente por las implicancias que tiene en el funcionamiento del Banco, lo que afecta el decreto es su normal y adecuado funcionamiento y esto repercute en un incumplimiento de los estándares que hay en materia de búsqueda de víctimas de desaparición forzada, que es el caso de los nietos y de las nietas que buscamos”.
En este sentido, Villella enumeró en qué se traducen las implicancias de la posible intervención mediante el decreto 351: “Por un lado, la falta de asignación de un presupuesto adecuado, ya que el Banco está funcionando con un presupuesto del 2023 debido a que no se aprobó el presupuesto nacional y por ende se prorrogaron las disposiciones vigentes para el 2024 que son exactamente las mismas que estaban para el 2023”.
¿Qué implica? “Una reducción en el presupuesto considerando la inflación o la situación económica. Particularmente, muchos de los insumos con los cuales funciona el banco, que es un laboratorio, provienen del exterior”.
La abogada también señaló que “desde 2009, por ley, la dirección estaba a cargo de la Dirección Técnica General, una subdirección técnica y una subdirección administrativa. Y por esta reforma que se hizo de la ley que creó el banco, el banco pasó a ser un organismo autónomo y autárquico”.
En aquel momento, repasó Villella, esto “fue largamente debatido” pero concluyó que este tipo de organismo requiere “disponer de recursos propios y que los puedan gestionar”
El decreto 351, además de lo mencionado, degrada la jerarquía y estructura del Banco, “el Banco deja de ser autónomo y autárquico y pasa a depender de la Secretaría de Ciencia e Innovación”.
Esto quiere decir que “la directora general deja de tener las atribuciones que tenía al momento de su designación y que permitían que dirigiera el Banco con autonomía y con autarquía financiera. Es un recorte de sus facultades que necesariamente impacta en el desarrollo y las tareas del Banco”.
A modo de conclusión, Villella resumió que la avanzada del gobierno “por un lado viene a entorpecer las tareas que desarrolla el Banco por la falta de financiamiento, la designación de las autoridades correspondientes y por otro lado se sobrepasan las prohibiciones que estableció el propio Congreso protegiendo al banco Banco Nacional de Datos Genéticos”.
Por qué es un organismo clave
Durante la última dictadura militar el robo de bebés fue una práctica sistemática, se estima que alrededor de 500 bebés, niños y niñas fueron apropiados. Hubo centros clandestinos que funcionaron, además de centros de tortura, como maternidades clandestinas: con médicos, militares y civiles que trabajaron codo a codo para garantizar la apropiación de menores.
El vínculo entre el Banco y Abuelas es íntimo desde su nacimiento. Fue por la inquietud de una de las abuelas que buscaba a su nieta o nieto robado por los militares que se llegó a un hito científico: el índice de abuelidad es una fórmula estadística que establece la probabilidad de parentesco entre abuelos y nietos, a partir del análisis del perfil genético y que garantiza un 99,99 por ciento de eficacia. No existía este estudio antes de que las abuelas argentinas se preguntaran si su sangre podría servir para encontrar a sus nietos.
El banco es un un banco de datos genéticos y por ley dentro de lo que tiene es el Archivo Nacional de Datos Genéticos, que es donde se preservan todas las muestras genéticas y biológicas de los grupos familiares, o sea, los integrantes de los grupos familiares que están buscando y por otro lado de las personas sobre las cuales se tiene dudas sobre su identidad y que por lo tanto podría tratarse de un nieto o nieta.
“Al ser muestras biológicas, se requieren un montón de condiciones para su debido almacenamiento y preservación, que son parte de los objetos del banco. Para poder hacerlo adecuadamente es necesario, primero, que se mantenga el Banco en el inmueble donde está funcionando, ya que fue específicamente adaptado. Además, se requiere una determinada refrigeración, ventilación, humedad, maquinarias específicas”, enumeró Villella.
“Es un laboratorio de alta complejidad que requiere mantenimiento específico, personal técnico especializado que sepa cómo resguardar, cómo mantener, cómo utilizar esa maquinaria y todo esto se ve afectado con el recorte presupuestario que hay y la falta de una dirección administrativa que permita gestionar los recursos en base a las necesidades que tiene el banco”.
Para Abuelas de Plaza de Mayo todo esto está en riesgo “porque, por ejemplo, algo muy sencillo: si no tienen fondos para pagar la luz, no se pueden mantener encendidos los equipos que garantizan el almacenamiento y preservación de las muestras”
“Si no hay personal idóneo tampoco se pueden resguardar de una manera adecuada las muestras, por eso pedimos en el Juzgado que se disponga una medida de no innovar y que se prohíba alterar, modificar o generar cualquier impacto que pueda tenerse sobre las muestras y sobre las herramientas que se utilizan para su almacenamiento, para su entrecruzamiento, sobre el propio inmueble”.
Finalmente, queda esperar cómo avanzará la Justicia ante esta presentación urgente. Villella subrayó que el Banco “es la prueba máxima por excelencia para la acreditación de las apropiaciones, principalmente durante la última dictadura cívico-militar”: “Por ende para nosotros es un un pilar fundamental en la búsqueda, ya que al ser perito oficial el Banco es la medida de prueba por excelencia en estos casos. Y también sabemos que es un patrimonio de la identidad de nuestro país, tiene que ver con cómo el Estado se hizo responsable como política pública de la búsqueda de los desaparecidos y de las obligaciones que tiene sobre la materia”.