Daniel Zecca
Marcelo Lewandowski no descansa desde que se incorporó a la política en 2019. Ese año fue candidato a senador provincial y ganó. A los dos años fue candidato a senador nacional y también resultó elegido. Y en 2023 fue candidato a gobernador por el peronismo, en la elección que consagró a Maximiliano Pullaro. El 2025 también lo tiene como protagonista, esta vez como candidato a convencional constituyente. Lidera la lista donde confluyen su sector del peronismo, Activemos, con algunos referentes sindicales, empresariales y dos intendentes de importantes distritos del peronismo, además del ex dirigente socialista Rubén Giustiniani. Disconforme con el funcionamiento del PJ, no quiso participar de la propuesta «oficial», que armó una coalición con Santa Fe sin Miedo.
«El Gallego», como le llaman desde su época de periodista deportivo, cree que la reforma no está en «la lista de prioridades de la gente», pero admite que se hizo «porque lo necesita el gobernador». Pese a todo, se mete en el debate y advierte que hay que tener cuidado «con la letra chica de la reforma», donde advierte sobre la inclusión de los DNU, entre otras cosas. Para el senador «es fundamental» que la gente acuda a las urnas porque «la reforma no pude decidirla un pequeño grupo».
—Otro proceso eleccionario que te tiene como protagonista. No te dan descanso.
—Este año íbamos a pasar sin elecciones, tengo mandato hasta el 2027, pero se presentó lo de la Convención Constituyente y estando en el lugar que estoy, en la provincia, y con todo lo que venimos haciendo, era indispensable estar presente para dar nuestro punto de vista. Con toda la gente que se sumó a nuestro espacio, no podíamos faltar.
—No me quiero detener mucho en esto porque estamos muy cerca de la elección, pero quiero que me des tu mirada de todo ese proceso que terminó con tu candidatura por fuera del sello partidario, no del peronismo. ¿Por qué?
—Porque nosotros tenemos que mostrar otra forma de hacer las cosas. Durante el 2024, no vi que esas formas estuvieran dadas: desde el armado del partido hasta el Congreso del 28 de diciembre. El peronismo no se trata solo de sumar a otros sectores políticos, sino sumar a la sociedad. Y eso es lo que estamos haciendo.
Nuestra lista está conformada por representantes de sindicatos, empresarios como María Eugenia Martínez, de la Cámara del Plástico, de Fisfe, sectores vinculados a los trabajadores, como Victoria Capoccetti o Pablo Cerra, y otros espacios políticos como el de Rubén Giustiniani, con quien venimos charlando hace tiempo. Su trayectoria y experiencia enriquecen el espacio.
También sumamos a personas como el doctor Luis María Caterina, un hombre reconocido en el ámbito judicial y académico, que nunca militó en política pero tiene una trayectoria intachable. Que alguien así se comprometa con nosotros habla de la confianza que generamos.
Además, tenemos directoras de escuela, médicos como el doctor Miguel Rabbia (que también es nuestro diputado), gente vinculada a la gestión como Enrique Vallejos, de Reconquista, Luis Castellano, de Rafaela, o Roly Santacroce en Funes. También está representado el movimiento LGTB, con Victoria Rodríguez. Nosotros no solo queremos que sean consultados, sino que participen directamente en nuestra lista.
—No llevás tanto en política, pero ya tenés buena experiencia en elecciones. ¿Cómo ves el clima electoral comparado con otros comicios? ¿Qué notás en la calle en esta última semana?
—Hay un desconocimiento absoluto. Si antes estaba en un 90%, ahora quizás bajó a un 70 u 80%, pero la mayoría de la gente no sabe qué va a votar, no sabe qué se vota ni en qué consiste la reforma constitucional. Esto no estaba entre las prioridades de la gente. En noviembre, cuando se empezó a elaborar, si le dabas 100 temas a la gente, la reforma constitucional estaba en el puesto 101. Esto, claramente, se hizo porque lo necesita el gobernador.
Hoy, con el contexto económico, la gente está preocupada por cómo financiar su tarjeta de crédito, no porque compraron un televisor, sino porque no pueden pagar los alimentos del supermercado. Los jubilados están mal, la sociedad está mal económicamente y tiene otras prioridades. Y en medio de eso, les hablamos de una reforma constitucional. Es muy difícil convencerlos de que el domingo tienen que ir a votar algo importante. Ojalá en estos días logremos que entiendan que su participación es fundamental.
—Ahora que la reforma está en marcha, ¿qué es lo que realmente está en juego?
—Varias cosas. Por ejemplo, que quede plasmado en la Constitución el perjuicio que hubo contra los jubilados y los trabajadores activos en materia de la Caja de Jubilaciones: las reducciones, el no respeto al 82% móvil, los cambios en la edad jubilatoria. Que eso quede claro para que no se repita.
Después está el tema de las autonomías. Hay que ver qué facultades reales van a tener las ciudades. No puede ser una atomización sin recursos, porque si les dan más potestades pero no les aumentan la coparticipación, van a terminar cobrándole más impuestos a la gente. Hoy Santa Fe les da el 13% a municipios y comunas, mientras que Córdoba da el 20%. Si corregimos eso, los intendentes no tendrían que mendigar fondos según el color político.
Y otro tema clave es la educación. Santa Fe no tiene ley de educación, pero nosotros queremos un modelo que se vincule con la producción local, que garantice salida laboral. Hoy las escuelas en muchos casos son solo lugares de contención donde los chicos van a comer y a tener un desayuno. Debemos superar eso e incorporar informática y robótica en todos los barrios, porque esa es la salida laboral del futuro.
—Sobre las jubilaciones, ¿la reforma obligaría a dar marcha atrás con los cambios que se hicieron?
—No, pero al menos dejaría en evidencia el perjuicio que hubo. Que quede escrito en la Constitución que lo que se hizo fue malo para los trabajadores.
—Respecto de las autonomías, ¿se puede establecer en la Constitución ese aumento de coparticipación o dependería de una ley complementaria?
—Podría establecerse en la Constitución.
—¿Hay algo que te preocupe especialmente de la reforma?
—Hay que tener cuidado con la letra chica. Por ejemplo, hay un punto que pasa desapercibido: la incorporación de los DNU (decretos de necesidad y urgencia) en la Constitución provincial. Eso le daría al gobernador las mismas herramientas que tiene el presidente para gobernar por decreto.
Este gobierno ya tiene siete ministerios que funcionan bajo emergencia, lo que les permite manejar los fondos con flexibilidad, especialmente en licitaciones. Si sumamos los DNU, sería un poder demasiado concentrado.
Otro tema es el Poder Judicial. Hoy el gobernador elige a dedo a los jueces. Deberíamos tener un Consejo de la Magistratura integrado por colegios de profesionales y académicos, no por afinidad política. Ya hubo casos como el de la Cámara Penal, donde dos jueces entraron sin concursos transparentes.
—¿Qué otros riesgos ves en la reforma?
—Hay una mirada de un poder mucho más totalitario en la provincia, que abarque el poder del grupo gobernante por los próximos 25 o 30 años. Pullaro lo dijo claramente: «No tiene que haber ningún texto garantista». Es una discusión arcaica. Ni el punitivismo extremo ni el garantismo extremo son la solución.
El gobernador incluso dijo al principio que la Constitución debía reflejar su proyecto de gobierno. Después lo corrigieron, pero quedó claro su enfoque. Quieren una reforma que beneficie a su grupo, no a la gente. Quieren una Constitución para un gobernador que ha empobrecido a los trabajadores, que realmente es Milei con otros modelos, que llevó a un ajuste que se basa en el sacrificio de los trabajadores. Y sobre todo a denigrar al trabajador.
Y además hay una cuestión que es muy clara: si yo tengo muy claro que lo que voy a reformar es para el beneficio de la comunidad, sería el primero en salir a explicarlo, y explico punto por punto, y voy durante seis meses por las escuelas, para explicar realmente lo que está pasando, porque los chicos son los transmisores hacia la familia. Nada de esto ha pasado. Fue todo rápido y en secreto, con lo cual queda más en claro que lo quiere para su reelección, no para tener ocho años, sino para tener doce. Va por tres períodos. Y después, cuando dejás todo librado a la letra chica del reglamento, trampitas hay un montón. Y lo del DNU lo que dicen es que los van a limitar, pero implícitamente están diciendo que lo van a poner, porque hoy no está la figura del DNU.
Si Pullaro tiene las mayorías, va a hacer la Constitución que quiera, para lo que yo llamo la suma del poder público. Hablo de incidir en los tres poderes. Y muchos de los que son aliados del gobernador, lo pueden dejar de ser si no los necesita. Ojo que hoy son aliados, pero cuando no los necesite me parece que no van a tener mucho más lugar.
—¿Qué mirada tenés con las otras reelecciones? En el resto de los cargos ejecutivos y legislativos.
—Nosotros coincidimos en que tienen que ser de dos períodos, para todos los cargos. Y que los presidentes comunales tienen que tener cuatro años de mandato, no dos como ahora.
—¿Creés que la Convención puede ampliar el debate o debe ajustarse a los artículos que menciona la ley de necesidad de la reforma?
—Hay una teoría, la de (Horacio) Rosatti, el juez de la Corte nacional, que habla de la autonomía de la Convención. Hay otros que señalan que no es así, que hay una ley y está bastante encorsetada, con lo cual es que muchos puntos de estos, si se terminan aprobando, los lleven a la Corte de la provincia. Puede quedar judicializado el tema, si esto llegase a pasar. Yo creo que si no hay una mayoría del gobierno actual, hay cosas que se podrían discutir. Es una posibilidad, no es tan sencillo, pero sí se podría discutir.
—Dejale un mensaje al votante.
—Que la gente vote, aunque sea por bronca. Esta reforma nos afectará por décadas; no puede decidirla solo un pequeño grupo. Ojalá quienes tengamos la posibilidad de ser electos tengamos la legitimidad de la mayoría de la población.