A contramano de la realidad que los funcionarios de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y la gestión nacional de Javier Milei quieren imponer, la red de corrupción en la provincia de Santa Fe esta al rojo vivo y en las ultimas horas las declaraciones de un arrepentido han desatado un escandalo político al que nadie se anima a predecir cómo terminará.
La declaración del ex jefe titular de la AFIP de Santa Fe, Carlos Vaudagna, ha destapado una de las tantas ollas a presión de la corrupción en la región. En una declaración de cerca de siete horas frente a fiscales nacionales, Vaudagna se declaró culpable de numerosos delitos y decidió “arrepentirse” a cambio de mejorar sus condiciones y recibir una pena menor.
Vaudagna se inculpó en el marco de una serie de investigaciones que se están llevando adelante contra el juez federal de la ciudad de Rosario, Marcelo Bailaque, al que se acusa por presuntasmaniobras dilatorias en favor del capo narco Esteban Alvarado y su ex esposa Rosa Natalí Capuano, entre otros delitos.
Pero la declaración de Vaudagna ha dejado al descubierto el accionar de aprietes y chantajes que, junto al juez federal, realizaban contra reconocidos empresarios de la provincia para recibir coimas y beneficios Los nombres dados a conocer por el ex funcionario han dejado boquiabiertos a propios y ajenos. Por ejemplo, detalló que durante el año 2019 inventaron una causa para extorsionar a Jorge Oneto y Claudio Iglesias, ambos del grupo de seguros San Cristóbal, para empujar a Iglesias a conseguir un cargo de mayor jerarquía.
En otro momento de su declaración complicó seriamente al ex titular de Vicentin Omar Scarel, involucrado en un caso por estafa investigado por la Corte Suprema santafesina. Vaudagna admitió que era asesor personal de Scarel y que entre 2016 y 2020 permitió que el grupo Vicentin perciba más de 143 millones de pesos en reintegros por exportaciones de modo indebido.
Además, admitió que se reunía con Scarel de forma rutinaria con el único objetivo de asesorarlo para evadir pagos al ente recaudador. Su relación era tan estrecha que incluso confesó haber mentido en otra declaración para evitar que el ex Vicentin sea procesado por estafa, al no poder justificar el origen de 200 mil dólares que tenia en una caja fuerte. Vaudagna en ese momento simuló ser dueño del dinero con una escritura falsa, que simulaba la cesión del dinero para adquirir un inmueble, de película.
Otro de los grandes beneficiarios fue el empresario de medios santafesino Carlos Nahuel Caputto, accionista propietario del diario El Litoral de Santa Fe, al cual asesoraba en cuestiones tributarias, fiscales y contables, actividad que es incompatible con su cargo de funcionario público. Además, Vaudagna reconoció haber asesorado al secretario general del Sindicato del Turf, Carlos Felice, presidente también de la obra social del sector, Ospat, y ex candidato peronista en la capital santafesina. Su accionar fue clave para colocar dinero de Felice en cuentas offshore en las Islas Cook, un paraíso fiscal en Oceanía.
La única salida es la destitución y la investigación independiente
Las recientes declaraciones del ex titular de la AFIP lleva directamente a preguntarnos por qué todavía sigue en el cargo el juez Bailaque a pesar de tener numerosas acusaciones y pruebas de corrupción en su contra. Y la única respuesta a la que se llega es que el funcionario judicial es un engranaje importante de recaudación y extorsión de un sistema podrido hasta la médula, otro intento de explicación es una absurda falacia.
Desde el MST en el Frente de Izquierda afirmamos que la única salida para comenzar a desmantelar la extensa red de negociados en las que se asocian y se benefician empresarios, narcos, poder judicial y policía, funcionarios políticos de turno, es la destitución inmediata del juez federal Bailaque y la incautación de todos sus bienes.
Con el “arrepentido” Vaudagna la cosa no puede terminar en la implementación de una pena de seis años. Esa pena es absurda para un corrupto y coimero que ha usado su lugar de funcionario público para beneficiar a empresarios, ayudar a lavar dinero y por ese medio recibir millonarias coimas. La incautación de todos sus bienes y los de sus testaferros es clave para dar un claro mensaje a los mafiosos.
Y a su vez, necesitamos una comisión que lleve adelante una investigación independiente del poder de turno, porque no confiamos en esta justicia adicta al poder y que es parte necesaria de las redes criminales, como queda claro en este caso. Es clave apelar a personalidades intachables de la sociedad, de los derechos humanos, sindicales y sociales, artistas e intelectuales cuya honestidad personal sean aceptados por la mayoría de la sociedad, para que vayan hasta las últimas circunstancias para terminar el tridente de corrupción y narcotráfico.