La construcción, la industria manufacturera y la administración pública fueron los sectores más castigados por el proceso de reducción de empleos registrados desde que gobierna Javier Milei: se perdieron 246.163 puestos de trabajo y 13.000 empleadores.
El contexto de ajuste fiscal, eliminación de la inversión en obra pública, encarecimiento de los costos en dólares y apertura indiscriminada para el ingreso de bienes de consumo importados que se fabrican en el país, empujó la retracción del número de empleadores y la caída pronunciada de la mano de obra formal.
Entre los rubros más afectados, sobresalen construcción, industria manufacturera y administración pública.
En términos netos, de acuerdo al último reporte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 13.216 empresas o «unidades productivas» que emplean a uno o más trabajadores dejaron de existir.
El organismo informó además que se perdieron 246.163 empleos formales, a partir del dato sobre trabajadores asegurados: pasó de 9.893.914 a 9.614.751.
Otro indicador que deja de manifiesto la situación compleja de la población económicamente activa es el número de aportantes obligatorios al sistema de cobertura para accidentes laborales: se redujo de 512.898 en diciembre de 2023, a 499.682 en igual mes de 2024.
La paralización de la obra pública por decisión del Ejecutivo nacional colocó a la industria de la construcción en el ranking de los más golpeados durante el primer año de la gestión libertaria: pasó de 21.644 empresas, con 470.539 trabajadores, a 20.316 con 399.201 empleados. En solo 12 meses desaparecieron 1.328 demandantes de mano de obra y se perdieron 71.338 puestos de trabajo.
Durante el discurso del presidente Milei en la apertura de las sesiones legislativas de este año, calificó a la obra pública como «curro», aseguró que no impacta en la mano de obra porque «quita capacidad de demanda en otros sectores» y que, en cambio, genera impuestos.
En el caso del Estado, la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social mostró un retroceso en el número de empleados asegurados de 2.616.775 a 2.548.363. Consecuentemente, la planta se redujo en 78.412 personas y los servicios que ofrece el sector público también.
Para la industria manufacturera, en medio de las medidas que promueven la importación de productos finales, el número de empresas disminuyó de 49.722 a 48.665 y el de trabajadores de 1.215.614 a 1.186.968.
La enseñanza sufrió una reducción de empleadores de 8.794 a 8.608 y los empleados pasaron de 791.592 a 789.922. En el caso del trabajo doméstico cayó considerablemente de 532.692 a 510.755.
A contramano, otros ámbitos mantuvieron variaciones dispares. Agricultura subió la cantidad de empleadores, pero redujo el número de trabajadores formales.
Finalmente, en el comercio, las empresas pasaron de 149.745 a 147.282. Sin embargo, los puestos de trabajo mostraron un leve repunte: de 1.268.687 a 1.272.962.
La aplicación del plan motosierra que conduce la Libertad Avanza repercute tanto en el sector público como en el privado, afectando principalmente a los actores de la producción y el trabajo nacional.