El Frente Sindical de Universidades Nacionales ratificó un paro nacional de 48 horas para la semana próxima, en reclamo por la pérdida de poder adquisitivo y desfinanciamiento de las casas de altos estudios. De esta manera, la agrupación que nuclea a los principales gremios de trabajadores docentes y no docentes decidió avanzar con la retención de tareas el lunes 17 y martes 18 de marzo. Se sumará además a la movilización por los jubilados, estipulada para el miércoles 19.
El llamado al paro había sido lanzada el pasado 28 de febrero, bajo el siguiente argumento: “El incremento salarial del 1,5% para enero y del 1,2% para el mes de febrero, impuesto por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU), continúa profundizando la pérdida salarial acumulada durante el año 2024. El gobierno nacional no solo intensifica la crisis salarial de los sectores docente y no docente, sino también desconoce el ámbito paritario como espacio de discusión”.
“Además, el desfinanciamiento de las universidades nacionales se constituye en un grave problema para la comunidad universitaria. Sin ley de presupuesto para el 2025, las universidades quedan otro año más sin un horizonte presupuestario claro y con ello se afectan aspectos sustantivos como el desarrollo de proyectos académicos, la investigación, el sostenimiento del sistema de becas para estudiantes y se pone en riesgo el funcionamiento”, denunciaron hace dos semanas atrás.
Y convocaron: “Pedimos a todos los sectores de la sociedad tanto público como privado, organizaciones sindicales, sociales, políticas a pronunciarse y apoyar las acciones en defensa de la Universidad Pública con salarios dignos. Por la recuperación de nuestro salario y por la convocatoria urgente a paritaria”.
Durante la conferencia de este jueves, que se celebró en la sede de CONADU y contó con la participación la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica) y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, entre otras, se repudió asimismo la violencia que se originó el miércoles en las inmediaciones del Congreso durante la protesta en la que se pidió por el aumento de los haberes jubilatorios.
“No tenemos presupuesto universitario por una decisión política del Gobierno Nacional. Esto significa que se manejan con una prórroga del presupuesto del año anterior, lo cual no solamente implica consolidar la pérdida presupuestaria y salarial que teníamos sino la completa arbitrariedad en el manejo de los fondos públicos, dando lugar a la extorsión por parte del Gobierno respecto de quiénes reciben y quiénes no”, denunció Federico Montero, Secretario de Organización de CONADU.
En la misma línea se manifestó Francisca “Paquita” Staiti, Secretaria General de la CONADU Histórica: “Planteamos un Plan de Lucha que tiene que ver con nuestros salarios, con el presupuesto universitario, con las condiciones de trabajo de nuestros compañeros y compañeras frente a una nueva entrega, un nuevo saqueo como es el avance sobre la firma de un nuevo tratado con el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo con el Fondo que va a traer mayor pérdida salarial, mayor precariedad, mayor pérdida de puestos de trabajo, reforma laboral y una profundización todavía más grande de la reforma jubilatoria”.
A su turno, Walter Merkins, de FATUN, dijo: “Las trabajadoras y trabajadores no docentes de las universidades nacionales hemos estado siempre apoyando y sosteniendo la educación pública; la universidad pública, gratuita, co-gobernada y de excelencia, donde se desarrolla la mayor parte de nuestra ciencia y de nuestra técnica a nivel profesional, y que indudablemente necesitamos sostener para tener un país con la posibilidad de ejercer justicia social”.
Norberto Heyaca, de FAGDUT, hizo foco en la relación entre la pérdida salarial de la comunidad docente universitaria y la salud: “Durante el gobierno libertario hemos perdido cuatro sueldos frente a la inflación. Y esos cuatro sueldos también los perdieron nuestras obras sociales. Por eso tenemos serios problemas en las universidades para sostener la salud de los docentes y no docentes. Nuestras obras sociales han tenido que cortar convenios, que restringir prestaciones”.
Para cerrar habló Marcelo Creta, de CTERA: “La política que está llevando adelante este Gobierno no solamente es un ajuste salvaje sobre los trabajadores y los que menos tienen, sino un Estado fascista que anula todas las condiciones del Estado de Derecho. Y la política de ajuste no cierra si no es con represión salvaje. Porque los trabajadores, los jubilados y la sociedad en general no está dispuesta a perder el Estado de Derecho. Esos derechos y una justicia social que los libertarios entienden como privilegios. Y como son fascistas se creen con derecho a reprimirnos, a pegarnos en la calle, y a denostar cualquiera actividad que hacemos”.
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