Tras el pedido de Javier Milei en la apertura de sesiones y, después de hechos conmocionantes como el de Kim Gómez -la niña asesinada por dos menores que quisieron robarle el auto a su mamá en La Plata- el oficialismo vuelve a la carga este miércoles con el debate para bajar la edad de imputabilidad. Apuestan a dividir al PJ para garantizarse los votos para aprobarlo en el recinto.
El texto del Ejecutivo baja la edad de imputabilidad a los 13 años, pero la mayoría de los proyectos de la oposición coinciden en que se fije la edad de 14 años. El oficialismo podría ceder en ese punto para conseguir luz verde.
La iniciativa – impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona- ya se discutió a mitad del año pasado pero sin lograr consensos quedó frenada. De hecho, llegaron a hacerse 7 reuniones en las que expusieron 26 especialistas.
Pero ahora, con mayor impulso, se reabrirá el debate en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Presupuesto y Familia, Niñez y Juventudes -conducido por la diputada del PRO, la bullrichista Laura Machado-, para buscar consensos y arribar a un dictamen de mayoría.
La comisión está convocada para el miércoles a las 10, antes de la sesión especial por el escándalo cripto que será ese mismo día a las 12. Hay al menos 11 proyectos sobre la mesa, presentados por distintas fuerzas políticas.
Uno de ellos es del diputado del bloque de Unión por la Patria, Ramiro Gutiérrez, quien integra el Frente Renovador de Sergio Massa. Su proyecto es el único presentado por UP que baja la edad de imputabilidad a 14 años y cuenta también con la firma de otros cinco legisladores massistas. «Desde 2014 que Massa plantea este tema», señalan.
“A los 14 años hay plena comprensión de la criminalidad de un acto y se deben asumir las consecuencias de ese actuar. Espero que podamos lograr una ley con el financiamiento para construir todos los lugares de internación”, señaló Gutiérrez a Clarín.
El financiamiento y la falta de una ventana de tiempo para dar tiempo a construir los centros es unas de las críticas que ellos le hacen al texto del Ejecutivo. «Los jueces los van a seguir largando si no tienen dónde alojarlos», sentencian. También señalan que no crea ni reconvierte los órganos necesarios para aplicar el nuevo código, sino que se mantiene el fuero que viene desde la época del proceso militar con el juez de menores.
A pesar de esas diferencias, en el oficialismo y el PRO esperan que el grupo de massistas se diferencie del resto de la bancada de UP y vote a favor.
“Actualmente existen menores detenidos que los jueces los mantienen así porque por su nivel de peligrosidad no lo pueden liberar. Y están en un gris. Entonces tenemos que dejar de tapar el problema y definir desde qué edad nos vamos a ocupar y cómo”, defendió la iniciativa Machado en diálogo con Clarín y aclaró que en caso de aprobarse los menores no irían “a prisión con adultos” y que tampoco todas las penas son de prisión. “De acuerdo al delito hay distintas alternativas”, agregó.
La edad y los principales ejes de debate
Todos los proyectos, excepto los presentados por las diputadas Natalia Zaracho y Eugenia Alianiello, de UP, prevén bajar la edad actual. El del Gobierno a 13 años. El libertario Alvaro Martínez plantea 12 años. En el resto, la mayoría coincide en 14 años, aunque hay algunos con especificaciones. Por ejemplo, la radical Carla Carrizo plantea que se aplique entre 14 y 16 sólo si cometieron delitos cuya pena máxima fuera superior a 10 años. Es decir, delitos graves.
La mayoría de los proyectos plantean una aplicación amplia, a todos los delitos o a los de acción pública (la mayoría). Algunos textos fijan condiciones relacionadas con la escala penal: el de Diego Santilli, por ejemplo, plantea que sea para todos los delitos excepto los que prevean penas de prisión máximas iguales o inferiores a los 2 años.
Todos proponen sanciones alternativas que van desde amonestaciones, servicios comunitarios, prohibición de conducción o de acercamiento a determinadas personas, reparación de la víctima, monitoreo electrónico, entre otros.
El ejecutivo plantea sanciones alternativas a la prisión puntualmente si se trata de penas que no superen los 6 años, si la victima no murió y si la persona no tiene registros de otros procesamientos firmes.
En cuanto a tipos de prisión también hay distintas opciones: fines de semana, domiciliaria, instituto abierto o cerrado. Todos coinciden en que el menor no puede estar detenido junto a mayores de 18 años.
La diputada Roxana Reyes, por ejemplo, plantea la reclusión en centros especializados solo para homicidios dolosos, delitos contra la integridad sexual, robos con armas, robos con violencia física hacia personas y secuestros extorsivos
La iniciativa de Bullrich señala que “el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, que cada jurisdicción organizará siguiendo los principios generales que se establecen”.
En cuanto a los plazos de prisión, el Poder Ejecutivo fija un máximo de 20 años. Los demás plantean entre 10 y 15. El más específico es el del libertario Alvaro Martinez quien fija como regla general el máximo de 7 años, y excepciones en caso de delitos graves: máximo de 15 años para el menor mayor de 16 años de edad y máximo de 10 años para el menor entre 12 y 15 años de edad.