El gobierno de Donald Trump posó la mirada sobre el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), con una propuesta que pretende restringir la compra de ciertos productos. Si bien aún no se confirmaron estos cambios, ya comenzó un intenso debate sobre la alimentación de las familias de bajos ingresos en Estados Unidos.
El Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, manifestaron su apoyo a la eliminación de algunos ítems del programa. La propuesta incluiría la prohibición de refrescos, productos altamente procesados y ciertos alimentos considerados poco nutritivos, según señaló Associated Press.
Kennedy expresó su preocupación sobre el impacto que tienen estos alimentos en la salud de los beneficiarios del programa. “El gobierno federal en muchos casos paga por estos productos y no deberíamos subsidiar a las personas para que consuman veneno”, afirmó en una entrevista con Fox News. Por su parte, Rollins resaltó la importancia de garantizar que los fondos públicos se destinen a alimentos saludables para niños y adultos en situación de vulnerabilidad.
Modificar los criterios de elegibilidad para los productos dentro del programa SNAP no es un proceso sencillo. Actualmente, la administración del programa está en manos del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) y es regulado por la Ley de Alimentación y Nutrición de 2008. Para implementar restricciones, sería necesario que el Congreso aprobara una modificación a esta legislación o que se concedieran exenciones estatales para limitar el uso de los beneficios, señaló el medio mencionado.
Anteriormente, diversos estados intentaron excluir ciertos productos de la lista de alimentos aprobados por SNAP. Algunas de las propuestas buscaron prohibir la compra de agua embotellada, refrescos, papas fritas, helados e incluso cortes de carne considerados “de lujo”. Sin embargo, ninguna de estas solicitudes fue aprobada hasta la fecha, ni bajo administraciones republicanas ni demócratas.
El USDA argumentó en el pasado que no existen estándares claros para categorizar los alimentos como “saludables” o “no saludables”. Además, señaló que aplicar restricciones sería costoso y complicado, sin garantías de que modificaría los hábitos alimenticios de los beneficiarios del programa.
SNAP es un programa fundamental para más de 42 millones de estadounidenses que dependen de esta ayuda para adquirir alimentos esenciales. En promedio, cada beneficiario recibe alrededor de $US187 al mes, lo que equivale a poco más de seis dólares diarios para cubrir sus necesidades alimenticias.
Algunos expertos y organizaciones defensoras de la seguridad alimentaria manifestaron su preocupación por el impacto que estas restricciones podrían tener en las comunidades de bajos ingresos. Gina Plata-Nino, subdirectora del Food Research and Action Center, declaró que “esta es solo otra manera de reducir los beneficios”. “Parece que la intención es restringir aún más a las personas y estigmatizarlas”, enfatizó.
Anand Parekh, director médico del Bipartisan Policy Center, considera que esta discusión puede ganar relevancia debido a la creciente preocupación por la alimentación en Estados Unidos. “Cuando hablamos del programa SNAP, hay que recordar que la ‘N’ significa nutrición”, señaló: “Es momento de que ambas partes encuentren soluciones innovadoras para mejorar la calidad de la dieta y la alimentación en el país”.