El hallazgo de droga en el patio de la cárcel de Las Flores, que derivó en la intervención de la conducción del penal y en un megaoperativo de fuerzas federales que halló más de un millar de chuzas, además de decenas de celulares, sigue teniendo derivaciones políticas: mientras avanza la campaña electoral hacia el 13 de abril la armonía entre provincia y Nación se desgaja justo donde la colaboración era más evidente: la seguridad.
A la ola de sangre y tiros que sacudió a Rosario el pasado fin de semana se sumaron los hechos en el presidio de la ciudad de Santa Fe, donde hasta fue hallado un revólver: el asunto más espinoso es el secuestro de droga en una oficina penitenciaria de la prisión, donde la mitad son ofensores y la otra mitad presos comunes.
Las oficinas de prensa también hacen su trabajo: mientras los federales destacan su labor a las órdenes de la Justicia federal, desde la provincia reportan que todo se inició a partir de una investigación administrativa provincial, con lo cual el resto de las incautaciones no habría podido producirse.
Este miércoles continuaron las requisas en la cárcel de Las Flores luego del hallazgo de marihuana en la Unidad Penitenciaria 2, el jueves 6 de febrero.
Según el eje narrativo provincial, así se sucedieron los hechos: ese mismo jueves, en el pabellón 6, secuestraron cinco teléfonos celulares, dos tarjetas SIM, cuatro elementos punzantes y 15 paquetes con marihuana. El viernes 7, en el marco de un procedimiento de requisa corporal y de pertenencias, previo al traslado de detenidos a otra unidad penitenciaria, se secuestraron cuatro teléfonos celulares. En tanto, el lunes 10 se realizó un operativo de saturación en la misma subunidad, que arrojó como resultado el secuestro de 27 teléfonos celulares, cinco tarjetas SIM, 10 elementos punzantes y cuatro envoltorios con una sustancia herbácea verde, presuntamente marihuana. Finalmente, el martes 11, en el Pabellón 10, se llevó a cabo una nueva requisa en la que se secuestraron ocho teléfonos celulares y una hoja de sierra.
Un parte de prensa de Nación precisó que los allanamientos federales dispuestos a pedido del fiscal Gustavo Onel dieron por resultado la incautación de más de 800 chuzas, número que luego elevaron a más de 1.200. Y está el tema del revólver, incautado en el patio del pabellón 10, sobre el cual dijeron fuentes federales: “Creemos que ante la presencia de los gendarmes, los agentes del S P empezaron a hacer aparecer cosas prohibidas para blanquearlas”.
También desde Nación apuntaron al pabellón 6, donde fue hallada la droga, que está coordinado por el pastor evangélico Juan Carlos López, que carga con fuertes acusaciones de familiares de los presos, que advirtieron que este religioso cobra una tarifa por recibir a determinados internos en ese lugar.
En este marco también resultó escandaloso otro hallazgo: en una oficina de personal del Servicio Penitenciario se secuestraron 60 gramos de cocaína, distribuida en varios envoltorios.
La investigación abarca al personal penitenciario, dice la Fiscalía federal, sobre la base de las hipótesis de complicidad o bien de incumplimiento de los deberes de funcionario público. «Se trata de una oficina. Por lo menos es lo que nos han informado verbalmente. Tampoco sabemos si eso se trata de un secuestro viejo, o si hay un delito en curso del cual no estamos al tanto», dijo Lucía Masneri, funcionaria del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
Aclaró Masneri que no han sido notificados sobre eventuales imputaciones que pudieran involucrar a personal provincial, y reiteró que el desplazamiento de la cúpula del penal y el pase a disponibilidad de seis agentes se realizó «de manera preventiva».
También la secretaria de Asuntos Penales opinó: «Los hallazgos de importancia son hechos por el Servicio Penitenciario. Lo otro nos enteramos igual que ustedes por los medios. Todavía no presentaron la lista oficial».
«Se retiró bastante de lo que es cubertería. Nosotros autorizamos cierto modelo de cubiertos, no consideramos que todo lo que se secuestró sea un elemento agresivo», juzgó.
Por otro lado, desde Prefectura explicaron que «se ha dispuesto el traslado de detenidos a Piñero y Coronda, los cuales se consideraban que en el pabellón 6 tendrían algún conflicto interno por lo sucedido». Se trata de un total de 30 internos.
Asimismo, detalló que «en este momento, las visitas se encuentran suspendidas, transitoriamente hasta que Gendarmería finalice el procedimiento, para no entorpecer el desarrollo investigativo».