La decisión del Gobierno de la provincia de Buenos Aires de imponer una multa millonaria a la aerolínea Flybondi por las continuas cancelaciones y retrasos ya alcanza los ribetes de polémica. A la pena de $300 millones fijada por el área de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, la «low cost» replicó que impugnará la medida. Y afirmó que la Provincia no tiene competencias para fijar sanciones a la actividad aerocomercial. La aérea incluso argumentó que su «derecho de defensa fue vulnerado». En contrapartida, la administración que lidera Axel Kicillof indicó que la empresa acumuló más de 2.400 reclamos y denuncias en los últimos meses.
Según se informó desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Flybondi es una de las 6 empresas más denunciadas por las y los viajeros en ese distrito.
Estas denuncias, se indicó de forma oficial, se corresponden con suspensiones y reprogramaciones de vuelos, la imposibilidad de comunicarse con Flybondi para obtener respuestas, y la «inviabilidad para obtener reintegros de pasajes o gastos generados por las cancelaciones (transportes al aeropuerto, pérdidas de hoteles, excursiones y paquetes turísticos)».
«La Provincia también sancionó a la empresa por no publicar en su sitio Web las condiciones de contratación de los servicios, en infracción a la Ley de Defensa del Consumidor», afirmó la dependencia oficial.
Para luego añadir: «desde el Ministerio encabezado por Augusto Costa, se interviene de oficio para garantizar los derechos vulnerados de las y los consumidores, aplicando la multa y exigiéndole a la empresa su adecuación a la ley«.
Flybondi replica a las acusaciones de la Provincia
Por su parte, Flybondi replicó vía un comunicado al que accedió iProfesional en el que expuso su rechazo a «la imputación recibida por parte de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios de la Provincia de Buenos Aires por supuestos incumplimientos a determinados artículos de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor».
«La Dirección Provincial no es competente para entender cuestiones vinculadas a la actividad aeronáutica. Incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se manifestaron en este sentido en fallos reciente», se añadió desde la «low cost».
Al mismo tiempo, la compañía restó legitimidad a la sanción fijada por la Provincia argumentando que «la industria aeronáutica se rige por el Código Aeronáutico y su reglamentación, la cual establece que la autoridad de aplicación y por ende de fiscalización sobre el accionar de las aerolíneas es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)».
Desde Flybondi se remarcó que la ANAC interviene en la instancia administrativa y en la instancia judicial lo hacen los tribunales federales.
La aerolínea también rechazó las críticas a su sistema de atención al público. «Siempre da respuesta a los reclamos canalizados por los canales de comunicación habilitados por la compañía. (Se) brinda toda la información al pasajero para ejercer sus derechos conforme la normativa aplicable», afirmó.
Por último, y respecto de otra imputación de julio del año pasado ligada también al desempeño de la «low cost», Flybondi sostuvo que «su derecho de defensa fue vulnerado, ya que los reclamos mencionados no habían sido notificados previamente a la compañía, impidiéndole conocer su estado y otorgarles el debido tratamiento».
Las advertencias del Gobierno nacional a la low cost
En diciembre pasado, Flybondi quedó en el ojo de los cuestionamientos a raíz de sus continuos vuelos cancelados o reprogramados, con un promedio de servicios afectados que las fuentes oficiales estimaron en hasta un 45% solo para ese mes.
De acuerdo a la ANAC, la firma ostentó un promedio de casi el 27% en términos de vuelos afectados por algún tipo de cambio durante la mayor parte de 2024.
En ese marco, el oficialismo anticipó que implementaría un régimen de multas del orden de los $200 millones si la compañía no modifica sus deficiencias operativas.
Al mismo tiempo, La Libertad Avanza (LLA) informó que evaluaba suspenderle varias rutas a la «low cost» y hasta se barajó la posibilidad de quitarle a Flybondi su Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA), lo cual le impediría seguir operando como aerolínea.