El exjuez Ricardo Manuel Rojas apuntaba a ser el nuevo Procurador del Tesoro de la Nación. El presidente Javier Milei y su principal asesor Santiago Caputo estaban cerrando el nombre del magistrado luego de mantener una reunión con él y con Santiago Castro Videla, postulantes finalistas en la Casa Rosada, este lunes. Sea quién termine emplazado, lo seguro es que habrá también nuevos subprocuradores: los que estaban bajo las órdenes de Rodolfo Barra tienen los minutos contados en la gestión, y ya se analizan sus reemplazantes, confiaron a Ámbito desde altas fuentes oficiales. Finalmente, decidieron tomarse otras 24 horas para definir un cargo clave. Castro Videla sumó puntos a último momento por su perfil administrativista, y ligado a la Universidad Austral.
Los actuales subprocuradores Andrés de la Cruz y Marcos Serrano tienen destino de recambio. Será el siguiente capítulo de una saga que no obedece a una interna dentro del Gobierno como se leyó erróneamente, sino a un incremento de la sensación de paranoia que rodea al “Triángulo de Hierro” respecto a funcionarios que -en distintas reparticiones estratégicas- no seguirían los lineamientos centrales que persigue Milei. Ministerio de Justicia, AFIP, UIF, son algunos ejemplos recientes. Obviamente, se disimula las razones que generalmente originan la inquina.
No fue su estancia en Uruguay, ni mucho menos la firma de un dictamen por parte de un subprocurador respecto a una demanda por parte de una empleada pública lo que motivó la eyección de Barra, el viernes último. El exministro polifuncional de Carlos Menem era quizás el jurista de mayor renombre que había incorporado el Gobierno al comienzo de su gestión y que le garantizaba una inmejorable relación con el estratégico fuero Contencioso Administrativo Federal, el “fuero de la gobernabilidad”. Prueba de ello fue la sobrevida del Decreto 70/23 en el que Barra aplicó buenos oficios para que quedara en un limbo técnico hasta la sanción de la Ley Bases. Su «llegada» a la Corte Suprema –como respetado administrativista- también era un activo.
Rojas no cuenta con la misma experiencia que su antecesor, pero en el gobierno confiaban en rodearlo con gente que tenga los mismos lazos en el fuero que se encolumna detrás del camarista Sergio Fernández. Esos nombres son todavía un misterio. Castro Videla es casi el opuesto: tiene CV ligado al derecho administrativo y es más joven, pero nunca integró el Poder Judicial ni se desempeñó de carrera en la Procuración. En el mundo judicial, la conclusión era la misma: la Casa Rosada se deshizo de un emblema y sus reemplazos no cuentan con una trayectoria similar en el mundo sobre el que deben operar. En uno de los casos, es directamente nula.
Mientras que durante la tarde del lunes la oficialización de Rojas era inminente, luego de ponderar el perfil del contendiente, desde los despachos de la Casa Rosada decidieron esperar. El movimiento principal de la aceptación de la renuncia de Barra ya estaba concretado. El hasta el viernes Procurador del Tesoro prefirió evitar el escándalo de su salida con una carta breve con elegantes deseos de buenos augurios para el futuro de la gestión. Rojas fue secretario letrado de una Corte que no existe más, entre 1983 y 1986 y luego fue juez en lo Criminal y Correccional de un TOC. Tiene un perfil que seduce a los libertarios: es PhD en historia económica de la ESEADE y profesor en diversas universidades de perfil liberal puro. Castro Videla sumó puntos por expertise profesional, socio de Alberto Bianchi, un nombre fuerte en el derecho argentino y respetado en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. «Difícil de encasillar y para nada un talibán», sostienen quienes lo oponen a su contendiente que le remarcan amplitud de contactos, a pesar de integrar una aristocracia jurídica entre los abogados.
En el gobierno admiten que es entre esos dos nombres la definición y que Javier Milei tiene que echar la moneda al aire.
Pese al enchastre de cuestiones menores que sirvieron de excusa para remover a Barra, el verdadero motivo que el Gobierno puso en la mira era la licitación por la Hidrovía, en un expediente cuya feria se habilitó para rechazar una acción que buscaba frenarla, a pedido de la firma DEME. Lo decidió el juez contencioso de feria Enrique Lavié Pico, en el minuto antes de tener que entregar su turno a su par Walter Lara Correa. Las miradas sobre el resultado de la medida cautelar solicitada por Dredging International NV Sucursal Argentina contra la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables dominó la atención del mundo empresario. No fue concedida.
El detrás de escena de todo esto no es más que una interna feroz entre los descendientes del gigante belga Jan de Nul que compite por conservar los servicios de dragado bajo el nuevo esquema y DEME, la demandante, que tiene a uno de los Jan de Nul como díscolo, saliendo a competir con la empresa insignia de su familia. Acusaban al Estado de una licitación cuyos requisitos solo podían ser cumplimentados por la actual prestataria, lo que aseguraría su permanencia.
Pero como tampoco nada es lineal, y existen “Mamushkas” de intereses, ese mismo expediente sirvió de excusa para señalar a la gestión de la Procuración del Tesoro como colaborativa con el estudio Cassagne, identificado ahora como el enemigo N°1 del Gobierno, lo cual se ha hecho saber por vías informales. El bufete comandado por Ezequiel Cassagne, hijo del fundador, había pegado el salto desde las cercanías del massismo en los albores de la gestión libertaria y se postulaba como un eficiente articulador para la maraña de desregulaciones y privatizaciones con las que sueña el Ejecutivo, “a lo Dromi”. Sin embargo, la relación se quebró en el transcurso de los últimos meses y la virulencia del ataque contra todo lo que tenga algún vínculo con ese estudio comenzó a desatar una caza de brujas.
La salida intempestiva de Barra (y con motivos explícitos poco edificantes) buscó emular la de Ignacio Yacobucci al frente de la UIF (viajes en primera, poco apego a la gestión, objetivos incumplidos), una semana antes y su reemplazo por Paul Starc. Dos aristas a analizar: una alta fuente del Gobierno había desestimado las repercusiones negativas con epicentro en la Cámara de Casación Federal, donde se desempeña su padre, Guillermo Yacobucci que tenía especial aprecio por el cargo que había alcanzado su hijo. “Será un problema para quien tenga asuntos penales pendientes”, fue la respuesta a Ámbito desde despachos oficiales, donde minimizaban consecuencias por el movimiento.
El caso de Barra es distinto por su ascendencia y respeto en el Contencioso. Es una historia en desarrollo si se tiene en cuenta que también existieron entretelones de fondo que definieron la eyección. En el caso de Yacobucci, la mira estaba puesta en uno de los principales asesores de Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Justicia. Nicolás Ramírez tiene la lupa encima por haber presuntamente incitado “gestiones” respecto a casos resonantes donde la UIF tenía apuntados a políticos importantes y por lo que en el gobierno denominaron “arbitrariedad” en algunas querellas. Esa arbitrariedad habría estado definida en base al éxito o no de las gestiones. El rol de Ramírez –por ahora- lo consideran desvinculado de un conocimiento explícito de su jefe formal, Cúneo Libarona, aunque reconocen que lo une una especial relación con el estudio familiar que no para de tener éxito, en manos de los hermanos del Ministro.