La opinión de Martín Botero
El traslado de un militar anciano, gravemente enfermo, en plena Navidad hacia la cárcel bajo prisión preventiva por delitos presuntamente cometidos hace casi 50 años no solo es un espectáculo indignante, sino una flagrante violación de los principios jurídicos y humanitarios fundamentales.
Este acto no simboliza justicia, sino abuso de poder, debilidad institucional y una instrumentalización del sistema judicial para fines ajenos a la legalidad.
Prisión preventiva
La prisión preventiva debe ser una medida excepcional, aplicada solo cuando exista un riesgo concreto de fuga o de obstrucción del proceso.
En este caso, tratar a una persona de casi 90 años y en grave estado de salud como un peligro inmediato para la sociedad carece de justificación lógica, legal y humana. Es un castigo anticipado, contrario al principio de presunción de inocencia.
Elegir un momento simbólico como la Navidad para llevar a cabo esta acción no tiene otra finalidad que intimidar, generar temor y enviar un mensaje de fuerza frente a cuestionamientos recientes sobre la veracidad de los testimonios en casos similares.
Una venganza
Esto no fortalece la justicia, sino que evidencia su uso como herramienta de venganza y propaganda.
Este tipo de acciones desvirtúan la esencia del Derecho Penal, transformándolo en un arma de persecución política e ideológica, en lugar de un medio para alcanzar la verdad y la justicia.
Un sistema judicial que actúa de esta manera pierde legitimidad y credibilidad, erosionando el Estado de Derecho que pretende defender.
El derecho internacional establece que los acusados, incluso en casos de crímenes graves, deben ser tratados con dignidad y respeto, garantizando un juicio justo. La prisión preventiva como castigo o exhibición pública es una violación directa de estos principios
Este acto contradice los principios del Derecho Internacional Humanitario, que exige consideraciones humanitarias especiales para personas en situaciones de vulnerabilidad, como los ancianos y enfermos graves.
Un trofeo judicial
Tratar a un hombre en estas condiciones como un trofeo judicial es inaceptable desde cualquier perspectiva ética y legal
La falta de proporcionalidad, el eventual uso de falsos testimonios y la ausencia de un debido proceso despojan a este caso de cualquier apariencia de legalidad. En lugar de buscar la verdad y la justicia, se perpetúan venganzas ideológicas y abusos de poder.
Este caso no puede interpretarse como una victoria de la justicia, sino como una derrota del estado de derecho. La verdadera justicia no necesita espectáculos ni actos de crueldad simbólica para legitimarse.
En cambio, requiere procedimientos justos, imparciales y respetuosos de los derechos de todos, incluidos los acusados.
Lo que presenciamos aquí no es un acto de justicia, sino un intento de silenciar críticas y demostrar fuerza a través del abuso del poder judicial. Este tipo de actos no solo debilitan la confianza en las instituciones, sino que dividen y polarizan aún más a la sociedad.
Conclusión
Un llamado a la comunidad internacional y a la sociedad civil.
Es imperativo que este caso sea denunciado ante los organismos internacionales de derechos humanos y revisado con urgencia. La justicia no puede permitirse ser un espectáculo público que perpetúe abusos y divisiones.
La comunidad internacional, así como los ciudadanos comprometidos con la verdad y la reconciliación, deben alzar la voz contra este uso perverso del sistema judicial.
La justicia verdadera no se construye sobre la venganza, el abuso o la humillación pública.
Se construye sobre la verdad, el respeto y la garantía de los derechos humanos, incluso en los casos más difíciles. Uruguay, como nación que se enorgullece de su democracia y su humanismo, no puede permitirse este nivel de regresión.