El gobierno de Javier Milei ha decidido este lunes, mediante el decreto 1131/2024, prorrogar por segunda vez el presupuesto nacional del año 2023, originalmente sancionado bajo la presidencia de Alberto Fernández. Esta medida, que marca una continuidad en las políticas de ajuste fiscal, confirma que el oficialismo decidió utilizar la falta de acuerdos con sus aliados en el Congreso para continuar manejando las partidas del presupuesto de forma discrecional. Poniendo la prioridad en pagar la fraudulenta deuda externa, el Gobierno continuará atacando a los jubilados, estudiantes, trabajadores públicos y sus familias.
Un presupuesto prorrogado: la decisión del gobierno
La imposibilidad de aprobar un nuevo presupuesto para el año 2025 llevó al gobierno de Milei a extender nuevamente el presupuesto vigente desde 2023. Sustentan esta decisión en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional que permitiría tal acción en ausencia de acuerdos legislativos, pese a los cuestionamientos a la legalidad de prorrogar el presupuesto dos años consecutivos.
La falta de consenso en el Congreso, impulsada por las demandas de distintos sectores políticos, como los gobernadores aliados, ha sido determinante en esta situación. Entre las demandas rechazadas por el gobierno se encuentran modificaciones en el financiamiento del pacto fiscal, la coparticipación de fondos y el déficit de las cajas previsionales. La gran mayoría de los mandatarios provinciales no se oponen a los recortes, sólo intentan negociar recursos para sus propias cajas.
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La prórroga del presupuesto 2023 tiene profundas implicancias para los trabajadores y los sectores más vulnerables. Esta medida refuerza un esquema presupuestario que prioriza el pago de una deuda externa ilegítima y fraudulenta, en detrimento de áreas esenciales como salud, educación y programas sociales. La política de déficit cero profundiza la crisis social que tuvo saltos importantes durante los gobiernos de Macri y el peronismo.
El ajuste eterno
El Frente de Izquierda ha señalado que, en lugar de atender las urgencias del pueblo trabajador, el gobierno de Milei ha optado por garantizar los pagos al FMI y a los acreedores externos, perpetuando un modelo económico que privilegia a los sectores más acomodados. Un pequeño grupo de empresas ligadas a la energía, la minería y la especulación financiera tuvo ganancias extraordinarias durante 2024.
Tanto el gobierno actual como los anteriores comparten una línea de acción económica alineada con los intereses del Fondo Monetario Internacional (FMI). El presupuesto prorrogado, que mantiene las prioridades de ajuste fiscal, es una muestra de esta continuidad.
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Las políticas implementadas por Milei profundizan la dependencia del endeudamiento y son un ataque a las grandes mayorías. La movilización y organización de los trabajadores y los sectores populares es clave para enfrentar estas medidas y construir una alternativa política que priorice las necesidades del pueblo por sobre los intereses del capital financiero.