La Justicia de Córdoba no tiene imputados tras la denuncia de la Lotería provincial que despertó sospechas de un partido arreglado en el Torneo Federal. Así lo comunicó el representante legal de cinco de las seis personas que fueron allanadas, Claudio Orosz, quien se presentó junto a sus defendidos para ponerse a disposición de la fiscalía que lleva adelante la investigación.
El abogado se presentó en la fiscalía de instrucción especializada en cibercrimen a cargo de Franco Pilnik junto al presidente de la institución, Federico Felippa -y su hijo-, el secretario Sergio Bustos, el tesorero Franco Panzolato, y la kinesióloga empleada Camila Basualdo Bustos. Todos hicieron una presentación espontánea para ponerse a disposición de la justicia. El sexto allanado no pertenece al círculo de los directivos y sería un hincha.
Aunque ninguno está imputado, en el despacho judicial dejaron asentado que ninguno realizó actividades ilícitas: que en los dispositivos tecnológicos que fueron secuestrados en los allanamientos, no hay nada ilegal. En ese orden, Orosz adelantó que en caso de realizarse un peritaje en los artefactos solicitarán peritos de control.
El ida y vuelta es clave para lo que sigue. Porque la Justicia no investiga el posible arreglo de partidos, sino que atiende una denuncia de Lotería de Córdoba por un volumen de apuestas inusual para un encuentro de poca relevancia como uno del Torneo Federal.
¿Con qué se va a encontrar el fiscal si los peritos acceden a la tablets y notebooks secuestradas, independientemente de la presencia de los peritos de parte? En los términos a los que se circunscribe la fiscalía de cibercrimen, al menos, con nada ilegal. En caso de encontrar apuestas, Orosz y su socio Pablo Ramiro Fresneda, los abogados defensores, están convencidos que as visualizarán en dominios bet.ar o aplicaciones oficiales.
Es decir, si el presidente de Atenas o cualquiera de las otras personas señaladas, apostaron, lo hicieron por la vía legal. La fiscalía no investiga amaño en el partido señalado por lotería de Córdoba, sino algún elemento relacionado con la denuncia que motivó la investigación.
Entonces lo más probable es que la causa quede en la nada. Si las apuestas son legales, no hay ilícito. Ni siquiera podrían acusarlos de fraude, ya que ninguno de los apostadores cobró: sus cuentas fueron bloqueadas y la figura de estafa no existe sin perjuicio económico.
El caso de Atenas se da a pocas semanas de un debate caliente en la legislatura cordobesa en una votación para derogar ley de juego online que permite, entre otras cosas, las apuestas deportivas que en esa provincia están bajo la órbita de su Lotería, pero recaudan de cualquier usuario registrado.
El oficialismo consiguió el voto que empató la discusión en 35 votos porque el legislador Pablo Ovejeros, que se encontraba internado, llegó al recinto con asistencia médica. Desempató, a las 4.59 de la madrugada, el presidente de la unicameral y, aunque con modificaciones, la vigencia de la ley 10.793 sigue en pie.
La denuncia de Lotería de Córdoba, entonces, funciona como la muestra de que el sistema de apuestas legal puede detectar movimientos inusuales que encienden las alarmas de un posible fraude y cumple en su obligación de denunciarlo. Además, cuenta con los elementos para geolocalizar con la precisión que a la Justicia le permitió hacer los allanamientos.
Por eso, para algunos, la denuncia de la Lotería cordobesa tiene más que ver con el mensaje de que el juego legal es una herramienta para combatir los amaños, después de que su porción en el mercado de apuestas online corriera riesgo en la Legislatura.
El mercado es millonario e incalculable si se tiene en cuenta que la virtualidad no conoce de fronteras. Cualquiera de las casas que levantan apuestas y se ven en la camisetas de varios equipos, como auspiciantes de la Selección Argentina de fútbol o el torneo local, son oficiales. Están reguladas y su dominio es bet.ar.
Las apuestas que ofrecen muchas más opciones que el resultado y algunas particularidades –como un saque de esquina, expulsión, amonestación, gol o antes del cuarto de hora o un lateral antes del primer minuto-, son las que no se consiguen en las oficiales. Un sitio, por caso, en Filipinas entrega esas alternativas. Por eso, ese tipo de plataformas suelen ser los centros neurálgicos de los casos de jugadores que van para atrás.
El artículo 301 bis del Código Penal argentino establece que la explotación, administración, operación u organización de sistemas de captación de juegos de azar sin autorización es un delito penal. Pero nada de eso sirve frente a una plataforma del sudeste asiático.
Pero la denuncia la hizo Lotería de Córdoba y fue a partir del volumen de juego que se registró en su sistema. Ergo, las apuestas que podrían encontrarse en los aparatos corresponden a ese universo legal. ¿Por qué Justicia iría más allá si las personas cuyos domicilios fueron allanados no están imputadas en la causa?
Ni la Lotería de Córdoba ni la investigación que lleva adelanta la fiscalía determinarán si uno o más jugadores de Atenas facilitaron que su equipo perdiera. En todo caso, si las cinco personas directamente involucradas con Atenas apostaron en algunas de las bet.ar que operan en la Argentina, no incurrieron en ningún delito. Si lo hicieron en contra de su club, deberán explicarlo en otro ámbito ya que, de momento, nadie los puede juzgar por sus pálpitos deportivos.