La marcha universitaria de este martes que se concentrará en Plaza de Mayo promete ser masiva y presentar un foco de resistencia al plan de ajuste del presidente Javier Milei incluso más fuerte que el que intentan representar los sindicatos y la oposición en el Congreso, al poner en el centro de la escena el financiamiento de la educación superior pública.
La existencia de la universidad pública es casi un emblema de la Argentina y una de las pocas cosas que cosecha un apoyo transversal entre distintos espacios políticos a los que Milei enfrenta con mayor o menor intensidad. El recorte presupuestario que ejecutó el Gobierno y que ahora intenta compensar con un aumento del 140% -todavía en negociación- tocó ese nervio.
El Presidente incluyó a la universidad pública en el ajuste fiscal que defiende a capa y espada como único método para solucionar los acuciantes problemas económicos del país, incluso apelando a la cadena nacional para ello. En ese sentido, la movilización convocada por autoridades, profesores, estudiantes y profesionales graduados es un desafío concreto a la política central del mandatario.
Se trata ni más ni menos que de una pelea en torno al alcance del plan «motosierra y licuadora», que luego de la emergencia presupuestaria que declaró la UBA el 10 de abril y la amenaza de un posible «cierre» si no se actualizan las partidas que quedaron congeladas desde el Presupuesto 2023, busca poner a la educación superior pública como un límite debido a su importancia para el crecimiento socio-económico de las personas y el desarrollo del país.
Esa pelea es la que intenta dar parte de la dirigencia político-partidaria (en temas como las jubilaciones) pero sin lograr resultados concretos. Por ese motivo se subieron a la movilización de este martes, pese al riesgo de que su participación pueda ser funcional al discurso público del Gobierno sobre el «uso político» de las universidades y contribuir así a desvirtuar la motivación original.
¿Cómo será la marcha universitaria que desafía a Milei y quiénes participarán?
La UBA se puso al frente de la movilización por su importancia a nivel nacional y su proyección internacional en materia de educación. «Creen que estamos dormidos. Que miramos para otro lado. Que las diferencias nos debilitan. Lástima. Porque aceptar al que piensa distinto es lo que nos hace únicos. Cuidemos los que nos une», señaló la convocatoria a través de las redes sociales.
Se prevé que la marcha universitaria a Plaza de Mayo sea muy grande y el Gobierno pone el foco en la «motivación política»
Mediante el uso del hashtag #YoVoy, la UBA reforzó la convocatoria para concentrarse en el Congreso a las 15:30 y marchar desde allí a la Plaza de Mayo donde, a las 18:00, se leerá un comunicado consensuado entre las distintas universidades nacionales.
Además de estudiantes, autoridades y miles de graduados -entre los que seguramente habrá figuras reconocidas o famosas- de la marcha participarán actores políticos de peso como la CGT, las dos CTA, dirigentes de la UCR, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y hasta el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.
Esa lista de presencias que se fueron confirmando con el correr de los días muestra la expectativa que hay en la oposición de que la convocatoria de las universidades sea superior a la de cualquiera de esos espacios políticos, incluso a la movilización que realizó la CGT el 24 de enero pasado, en su primer paro general contra el gobierno de Milei.
Pero además exhibe la impotencia de esos actores para discutir desde sus respectivos lugares en el universo de la política partidaria con un Presidente que mantiene elevados índice de apoyo social a pesar del ajuste que lleva adelante y que los pone permanentemente en la mira de ese público que expresó en las últimas elecciones su malestar con los dos espacios políticos que antecedieron a los libertarios.
¿Cómo intenta el Gobierno contrarrestar la movilización?
La presencia de esos sectores políticos le otorga al Gobierno una carta para tratar de desacreditar la movilización, que se suma al argumento de que la administración de Milei ya había llegado a un «acuerdo» con las universidades sobre el financiamiento, pese a que las autoridades de las casas de altos estudios lo negaron.
Y es que el Gobierno asegura que le «llama la atención» que la marcha se haya mantenido en pie dado que la semana pasada se habían «puesto de acuerdo» en torno a un aumento de las partidas del 70% en marzo y otro 70% en mayo, y al mismo tiempo afirma que la movilización está «incentivada por la política».
Milei busca dar la discusión sobre el financiamiento de las universidades y exaltar los resultados macroeconómicos del ajuste
«El Gobierno, como todo gobierno liberal valora la educación publica, laica y federal, y lo cierto es que esa educación pública fue la que nos hizo ser un faro educativo en América. Lejos estamos de querer permitir que este tipo de lugares como son las universidades sean usadas por los políticos de turno para beneficio propio», afirmó el lunes el vocero presidencial Manuel Adorni.
De esta manera, el gobierno de Milei intenta no ir al choque frontal de la universidad pública como emblema, consiente de que la movilización puede ser la más grande que le haya tocado ver, pero sí presentarla como una herramienta de la «casta política» contra la cual trata de direccionar a la opinión pública. La presencia de dirigentes partidarios en la marcha le es útil en ese sentido.
Esta estrategia no está desconectada de la bandera del ajuste fiscal sin contemplaciones que sostiene Milei y que, con inocultable «timing», lo motivó a brindar un mensaje por cadena nacional horas antes de la movilización para exaltar el superávit fiscal que esa política, a la que las universidades tratan de ponerle un límite, le permitió alcanzar en el primer trimestre.
Los focos de tensión: auditoría y operativo antipiquetes
En ese contexto el Gobierno pone en juego otros dos elementos que generan tensión, uno sobre la pelea de fondo y otro sobre la movilización misma: la posibilidad de auditar los fondos que la Nación le gira a las universidades y la aplicación del protocolo antipiquetes para evitar los cortes de calles.
El subsecretario de Política Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, advirtió que «hagan lo que hagan, por lo menos mientras Javier Milei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a auditar» porque «la fiscalización del gasto en las universidades esta en la ley de Educación Superior». El jefe de Estado hizo propio este mensaje en la red social X.
Mientras el oficialismo intenta generar apoyo a esta iniciativa a través de las redes -su campo de acción predilecto- las universidades, con la UBA a la cabeza, la rechazan con el argumento de que este control sobre el presupuesto y los gastos ya lo llevan a cabo la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General (AGN).
Bullrich adelantó que aplicará el protocolo antipiquetes y pone tensión sobre la marcha
Por otro lado, el Gobierno también advirtió que quiere hacer cumplir el protocolo para impedir las interrupciones de tránsito durante la marcha. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está enfocada en esa tarea por estas horas. La funcionaria apuntó a la presencia de «la CGT y la izquierda», a quienes calificó como «el elenco estable de gente que marcha».
Bullrich coordina el operativo con el Gobierno porteño de Jorge Macri, donde sin embargo hay reservas sobre la viabilidad de aplicar en este caso el protocolo, según supo iProfesional, debido a que esperan una gran cantidad de personas que haría imposible que la movilización se lleve a cabo sobre las veredas y sin afectar el tránsito.
Aunque están desconectadas entre sí, ambas cuestiones cargan de tensión el ambiente. La intención de aplicar el protocolo, por la posibilidad de que se generen incidentes que ni los convocantes originales ni las autoridades gubernamentales desean, y la idea de una auditoría adicional a las que ya se realizan, porque esta atada a la negociación sobre los recursos.
El acuerdo que no fue y los alcances políticos de la marcha
El Gobierno anunció días atrás una «propuesta consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional» respecto a la situación presupuestaria de las universidades públicas. El ministro de Capital Humano que encabeza Sandra Petovello dispuso un aumento del 70% en marzo que llevaría la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075 millones mensuales.
En ese esquema anunció otro 70% para mayo, con lo que alcanzaría los $14.224 millones mensuales, lo que daría un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926 millones, además de una partida extraordinaria para los hospitales universitarios por una suma de $14.403 millones.
El Ejecutivo había presentado esto como un «acuerdo», pero la UBA lo desmintió. Las autoridades indicaron que se había tratado apenas de un «ofrecimiento» y que esa asignación de recursos es «insuficiente».
El Gobierno apunta a la participación de la CGT y otros sectores políticos para desacreditar la motivación de la marcha
Incluso el vicerrector de la UBA y dirigente del radicalismo, Emiliano Yacobitti, planteó que «el recorte presupuestario de gastos de funcionamiento en la UBA es del 61%» porque «el 70% para marzo y el 70% para mayo, no retroactivos, implican una actualización anualizada de sólo el 105% frente a una inflación promedio de 300% en el rubro de gastos de funcionamiento».
Mientras tanto, el kirchnerismo convocó a una sesión especial de la Cámara de Diputados para el próximo miércoles con el fin de tratar el presupuesto de las universidades, aunque está en duda que pueda tener quórum porque la mayor parte de los otros bloques no acompañarían, según indicaron fuentes parlamentarias a iProfesional. Ese día apuntan a firmar el dictamen de la Ley Bases.
En este contexto, la marcha universitaria busca visibilizar esa discusión sobre el financiamiento de la educación superior pública y marcarle un límite al ajuste que defiende Javier Milei, quien intenta contrarrestar la movilización con el argumento de que el recorte es el único camino para arreglar la economía del país y que nada puede estar ajeno.