El oficialismo acordó con el PRO y parte de la UCR y de los bloques federales un dictamen de mayoría, pero con apoyo parcial. Otros diputados dialoguistas firmaron sus propios proyectos. En la oposición anticipan que no todo lo que llegue al recinto será aprobado: por ejemplo, la suba de retenciones.
24 de enero 2024, 05:53hs
El oficialismo logró, a fuerza de modificaciones, asegurarse un dictamen de mayoría para la Ley Ómnibus, y que el PRO, una parte de la UCR y bloques que responden a gobernadores provinciales acompañen el texto, aunque en disidencia y con bastantes reparos.
La forma en que se llegó al acuerdo anticipa negociaciones abiertas hasta el día de la posible sesión -que en sí misma se anticipa caótica, marcada por la fragmentación opositora y la debilidad libertaria- y que no todo lo que entre al recinto saldrá con media sanción.
La negociación con los gobernadores de JxC, el peronismo disidente y fuerzas provinciales, fue clave para destrabar un principio de acuerdo. Tras múltiples reuniones, el Ejecutivo accedió a realizar una serie de cambios al proyecto de reformas, pero no aceptó todas las modificaciones que habían reclamado tanto los mandatarios como los bloques opositores en Diputados.
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Entre esos cambios que el Gobierno de Javier Milei no aceptó modificar se destaca la suba de retenciones que el proyecto supondría para los subproductos de la soja, el trigo, el maíz y bienes industriales. Ahora bien, en la oposición ya advertían que, aunque esté en el dictamen de mayoría, ese artículo no prosperará luego en la votación final en el recinto.
Pero, incluso cambios que el Ejecutivo aceptó a pedido de los gobernadores, no es lo que pretendían todos los diputados que integran los bloques “dialoguistas”.
Por ejemplo, la amplia delegación de facultades legislativas en el Presidente, o la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria desde abril, que no contemplaría en el empalme los meses de mayor inflación y perjudicaría a los jubilados. También la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el capítulo de las privatizaciones, ambiente, cultura, educación, entre otros.
Entonces, finalmente, luego de dos postergaciones y con las negociaciones todavía en marcha, se reunió el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General, y Presupuesto, con una cantidad de diputados presentes solo comparable al primer día de debate, hace ya dos semanas.
A horas de que iniciara el paro de la CGT y la movilización al Congreso, La Libertad Avanza acordó un dictamen con el apoyo, en disidencia, del PRO, parte de la UCR y de Hacemos Coalición Federal (el bloque que conduce Miguel Pichetto e integran referentes dialoguistas vinculados a gobernadores como Emilio Monzó y Nicolás Massot).
Unión por la Patria, que tiene casi el 40% de los integrantes de las comisiones y el 40% de los miembros de la Cámara, ya había decidido desde el principio emitir un dictamen de rechazo. Con el acuerdo (parcial) de última hora, el oficialismo logró superar el peligro que suponía que el dictamen de mayoría fuera el del kirchnerismo.
Pero la Coalición Cívica (que tiene 6 diputados e integra el bloque Hacemos Coalición Federal) decidió emitir su propio dictamen, con modificaciones que los mandatarios provinciales o no pidieron o no consideraron determinantes para llegar a un acuerdo. Lo mismo hizo el socialismo (dos diputados, Esteban Paulón y Mónica Fein, que también forman parte de HCF) y Margarita Stolbizer.
“No se tocan retenciones, mantienen fuertes delegaciones de facultades, los gobernadores aceptan la eliminación de la movilidad jubilatoria sin pensar en el empalme y la inflación, entregan el FGS. La realidad es esa, entregaron la mejora a los jubilados, al fondo de los jubilados y a los productores”, decía con algo de molestia un miembro de ese grupo diputados.
Pero también había una decena de diputados radicales, entre los que se destaca Facundo Manes, que insistían hasta última hora con que el bloque firmara un dictamen distinto al del oficialismo, con más cambios, al igual que hacían la CC o el socialismo.
Como se sabe, La Libertad Avanza tiene 38 diputados propios -poco más de 40 entre satélites y aliados- y pensando en una sesión necesita sí o sí -siquiera para alcanzar el quorum de 129 legisladores y abrir el recinto- del acompañamiento de la mayoría de los bloques opositores: el PRO (37), UCR (34), Hacemos Coalición Federal (23) e Innovación Federal (9 que responden a gobernadores provinciales).
Incluso en el PRO, que fue el primero de los bloques en resolver que acompañaría el dictamen oficialista, aunque fuera con diferencias varias, advertían ya que no todo lo que llegará al recinto en una próxima sesión saldrá aprobado.
“Algunos acá son casi mileistas y quieren ir con todo, pero no todos ni la mayoría. ¿Vamos a votar retenciones, con lo que no estamos de acuerdo, y encima para perder porque el resto de los bloques no lo va a aprobar?”, se preguntaba un diputado del PRO.
Considerando que tanto en la bancada amarilla, como en la UCR y en HCF, conviven posiciones muy distintas y en algunos casos hasta contrarias, en esas mismas bancadas anticipan que el hecho de no llegar al recinto con un acuerdo cerrado anticipa que las negociaciones seguirán hasta el día de la sesión -que hasta este martes no tenía fecha- pero también que en sí misma la sesión será muy compleja.
“No se dan una idea lo que va a ser la sesión con esto de no haber llegado a un plenario con un dictamen cerrado. Primó la tapa de los diarios a la racionalidad”, dijo un opositor “dialoguista” que decidió acompañar el texto oficialista.
“Va a ser terriblemente complicado lograr las mayorías en el recinto y la ley, si sale, no va a salir igual”, señalaba una diputada de la UCR.