miércoles, 12 junio, 2024
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Nuevo planteo ruralista por los caballos sueltos

La Sociedad Rural de Rafaela renovó ayer «el pedido de acción en cuanto a las tareas que el Municipio y las fuerzas de seguridad deben desarrollar en referencia a la problemática de caballos sueltos en la ciudad» que pone en riesgo la seguridad vial e incluso la vida de las personas. 

«Habiéndose registrado accidentes diversos, con la multiplicación de sectores que tienen de manera constante en el ejido urbano a estos animales de gran tamaño sueltos por las calles, recordamos que cualquier ejemplar demanda una tenencia responsable, no sólo en lugares cerrados, sino en cuanto a la provisión de alimentos, de agua, e incluso con cuidados sanitarios adecuados», subrayó la entidad ruralista en un comunicado.

En este marco, subrayó que la «tenencia responsable aplica desde caballos hasta caninos, para equiparar las exigencias que los productores tienen en el campo con las de los vecinos en las ciudades».

El 21 de diciembre pasado, un joven motociclista que embistió un caballo suelto en un sector del norte de la ciudad debió ser internado en grave estado en un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, mientras sus familiares requerían una oración a través de redes sociales para pedir por su recuperación. 

«La institución viene trabajando en este tema desde hace varios años y espera una respuesta efectiva para la mejora en la convivencia urbana-rural», insistió con sutileza y cierto nivel de comprensión ante las autoridades que recientemente asumieron en el gobierno local. 

En tanto, recordó a «productores y propietarios de caballos que es necesaria la vacunación de ejemplares contra la encefalomielitis equina, para la cual se disponen las dosis aprobadas por Senasa en todo el país, en nuestra región y en las veterinarias de la ciudad». Al respecto, resaltó que la vacunación permitirá «prevenir la enfermedad en los caballos y su transmisión a través de mosquitos a humanos, registrándose ya en Santa Fe tres casos en personas de diferentes regiones».

«El cumplimiento de la normativa vigente es una obligación y las autoridades son las que deben avanzar con el ordenamiento requerido», concluyó. 

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