lunes, 27 mayo, 2024
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Tras imputación a ocho por narcomenudeo, jueza ordenó derribar el búnker de Riobamba al 5000

Dos mujeres y seis varones, de entre 22 y 46 años, fueron imputados este viernes bajo la ley de narcomenudeo luego de que los detuvieran hace 48 horas con unas 500 dosis de cocaína (439 gramos) y 187 envoltorios de marihuana (342 gramos ) en una precario búnker, ubicado en Riobamba al 5000, sector conocido como Villa Pororó. A pedido de la Fiscalía, la jueza María Trinidad Chiabrera ordenó derribar la construcción, que está al costado de las vías del ferrocarril y que en febrero pasado había sido señalada como el punto de venta en el que asesinaron a Franco Alegre, cuando fue a comprar estupefacientes, y dejó a otro hombre herido.

De acuerdo con voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y policiales, los ochos sospechosos fueron apresados a la 1 del miércoles pasado por personal de Comando Radioeléctrico cuando estaban en una precaria construcción de Riobamba al 5000 y las vías del ferrocarril.

A pesar de que los uniformados informaron si incautaron dinero en efectivo, se conoció que secuestraron unas 502 bochitas de cocaína junto a 187 envoltorios de marihuana, los cuales estaban en poder de dos de los sindicados, identificados como Brian S. y Pablo F.

Estos dos jóvenes estaban en compañía de Héctor R., Ismael G., Milton B., Marcelo V., Mariana C. y Flavia A., por lo que todos fueron apresados y quedaron incomunicado hasta este viernes cuando tuvieron la audiencia imputativa.

El fiscal Aníbal Vescovo está a cargo de la causa y acusó a los ocho por haber tenido en su poder y/o disposición sin autorización o destino legítimo un total de 439 gramos de cocaína y 342 gramos de marihuana. Esta atribución se enmarca en la flamante la ley provincial 14.239, que adhiere a la Desfederalización de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes conocida como ley de narcomenudeo porque le da competencia a la justicia ordinaria para perseguir el microtráfico.

Vescovo indicó que “a todos los imputados se les atribuyó la tenencia de estupefacientes para su comercialización”, calificación del artículo 5 de la ley federal 23.737.

Además, indicó que “tres de los hombres investigados transitarán el proceso judicial en prisión preventiva” en referencia a Brian S., Pablo F., y Héctor R. –señalado como el propietario–, a quienes la jueza Chiabrera los dejó privados de la libertad por un plazo de 90 días.

A su vez, para los restantes les dictó la libertad con reglas de conducta como firma semana en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y el pago de una caución.

Además, el fiscal solicitó “como cese de estado antijurídico el derribo de las instalaciones utilizadas para el comercio ilícito de sustancias prohibidas”, pedido que fue aceptado por la magistrada.

La demolición de búnkers se viene implementando desde hace un década y se refuerzan cada tanto con la intervención de distintos niveles y poderes del Estado. Lo cierto que es siempre queda la pregunta sobre la persecución judicial a la connivencia de algunos sectores de la Policía tanto provincial como federal que allana el camino para que las gavillas dedicadas al narcomenudeo consigan rápidamente otra locación donde pagan una coima para no ser molestados.

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El búnker de Villa Pororó El punto de ventas de drogas de Riobamba al 5000 no posee gran estructura, es una especie de rancho levantado con palos de madera y chapas donde la madrugada el 24 de febrero pasado dos gatilleros asesinaron a balazos a Franco Emanuel Alegre, de 25 años, y dejaron herido a Jonatan M., de 33. De acuerdo a la investigación, ambas víctimas eran clientes que quedaron en medio de una balacera cometida con los vendedores.

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En ese momento, algunas personas que prefirieron el anonimato para evitar represalias contaron que la brutal agresión tenía el objetivo de cerraran ese lugar y así no tener más competencia por lo que los pesquisas no dudaban de que hubiera otro punto de venta de drogas al menudeo cerca.

Por el crimen de Tuly y la tentativa de homicidio de Jonatan, la fiscal Gisela Paolicelli imputó en noviembre pasado a un joven, de 24 años, como el autor mientras continúan las medidas para identificar a su cómplice.

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