Durante el juicio, el país solo reconoció daños por US$4920 millones. La vocera presidencial Gabriela Cerruti había anticipado esta jugada que Alberto Fernández había analizado con la Procuración del Tesoro.
10 de octubre 2023, 21:41hs
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Argentina apeló este martes el fallo de la jueza Loretta Preska que ordenó al Estado pagar US$16.000 millones al fondo Burford Capital por la estatización de YPF en 2012.
El escrito fue compartido por Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue el caso, a través de su cuenta en X. “La República Argentina por la presente apela ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos la sentencia definitiva dictada el 15 de septiembre de 2023, como así como todas las órdenes y fallos interlocutorios anteriores a esa sentencia”, se lee.
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El 8 de septiembre, Preska falló en contra de la Argentina en el caso que se sigue en Nueva York por la expropiación de la petrolera bajo el gobierno de Cristina Kirchner.
La magistrada le dio la razón al fondo demandante, Burford Capital, y fijó en US$16.000 millones el monto de resarcimiento por daños económicos que deberá afrontar el país.
Luego de que se conociera el fallo adverto, fue la vocera presidencial Gabriela Cerruti la que anticipó la jugada que planeaba el Gobierno a través de la Procuración del Tesoro.
Hace apenas unos días, los abogados argentinos solicitaron una conferencia con la jueza para evitar el depósito de garantía previo a la apelación. Burford Capital, el fondo que ganó el caso, reclamó a la magistrada que habilite embargos de bienes argentinos a partir del 16 de octubre. Para evitar esa medida, la Argentina debía depositar ante el juzgado de Preska una garantía equivalente al monto del fallo.
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Por eso, los abogados que representan al Estado plantearon: “La garantía que nos piden depositar para evitar embargos equivale al 20% del presupuesto y la Ley Argentina impide realizar desembolsos que no hayan sido presupuestados para el corriente año fiscal”.
“El país no tiene acceso al mercado de capitales para emitir un bono y depositar una garantía y abonar la garantía causaría daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes”, argumentaron.
Los argumentos de la Argentina, en líneas generales, eran dos: que Burford no respeta el período razonable para la ejecución del fallo y que generaría problemas económicos para el país.
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Ante la falta de respuesta, los representantes del país no esperaron y decidieron presentar este martes la apelación ante la justicia norteamericana.
Cómo fue la expropiación de YPF
La expropiación de YPF se realizó bajo la presidencia de Cristina Kirchner y con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al frente del Ministerio de Economía.
El fallo de Preska se produce luego de que fracasaran una serie de negociaciones y ordena que el Estado argentino sea el que debe resarcir al fondo Burford y no la compañía.
Según fuentes de YPF, “es un fallo positivo” porque “la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional. Con lo que sus activos están fuera de riesgo”.
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Burford Capital es de un bufete de abogados que se presentó en los tribunales con los derechos de Petersen Energía, que tenía el 25% de YPF antes de su expropiación. En tanto, Eton Park ingresó en 2010 a YPF con la compra del 1,63% del capital por unos US$250 millones.
Maril consideró que el pronunciamiento de Preska coincidió con lo que “muchos esperaban: YPF, exonerado, y la Argentina, culpable”.
Para la representación legal del Estado argentino, el monto a pagar debiera computarse en pesos en la fecha en la que se dicte la medida y luego convertirse en dólares.
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En junio de 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un pedido de la Argentina para ponerle fin a la demanda de los exaccionistas de YPF.
Cómo nació el juicio por la expropiación de YPF
Al momento de la estatización de YPF, la familia Eskenazi tenía participación minoritaria en la petrolera estatal a través de dos empresas. Según el estatuto de la compañía, si la Argentina (o cualquier accionista) intentaba tomar el parte del control de la empresa, debía hacer el mismo ofrecimiento a todos los demás accionistas, mediante una oferta pública de adquisición.
El país no siguió ese protocolo. Por el contrario, tomó el control de las acciones de Repsol y se quedó con la participación mayoritaria de la empresa. Ese fue el motivo que inició el juicio que todavía sigue en curso y por el que YPF, como compañía, fue exonerada. Con el tiempo, la familia Eskenazi le vendió el juicio a fondo Burford, que ahora litiga contra el país.