El juez del concurso de Vicentin pidió que se mejore la propuesta de pago

El juez del concurso de Vicentin, Fabián Lorenzini, solicitó que la empresa mejore la propuesta de pago a sus 1.727 acreedores, por una deuda total de US$ 1573 millones, que la agroexportadora ofreció saldar con una quita de 70% y pagos a 15 años, según presentó el formalmente el miércoles 17 de este mes. El…

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El juez del concurso de Vicentin, Fabián Lorenzini, solicitó que la empresa mejore la propuesta de pago a sus 1.727 acreedores, por una deuda total de US$ 1573 millones, que la agroexportadora ofreció saldar con una quita de 70% y pagos a 15 años, según presentó el formalmente el miércoles 17 de este mes.

El magistrado civil y comercial de Reconquista consideró que en esos términos se “pone en crisis la finalidad económico-social del proceso concursal, que no está solamente dada por la conservación de la empresa como fuente de producción y trabajo, sino también por el logro de una finalidad satisfactiva del derecho de los acreedores, la cual naturalmente resulta negada cuando la pérdida es excesiva y resultante de un proceso en el cual no han tenido otra alternativa para optar”.

En ese sentido, Lorenzini calificó el pago como de “ínfimo porcentaje (30%)” y solicitó plazos con fechas estipuladas y menores que los 15 años propuestos. Vicentin ofreció un pago inicial de hasta US$20.000 por cada acreedor, por un total de US$ 28 millones, presentado como un “pronto pago” estimado para mediados del año que viene, teniendo en cuenta que sería 6 meses después de la homologación del eventual acuerdo.

Así se cubriría el pago previsto para 1.100 productores agropecuarios, los que tendrían acreencias inferiores a US$4 millones. Luego, a partir de 2024, se pagaría el resto en 13 cuotas anuales, al resto de los acreedores. Esos pagos parciales serían de US$ 30 millones por año.

Las eventuales erogaciones se sostienen con el aval de tres inversores estratégicos, Molinos Agro, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que en conjunto aportarían US$ 300 millones por año como capital de trabajo y US$ 420 millones para cubrir el pago de las deudas, y darle continuidad operativa a la empresa.

Seis días después de la presentación de la propuesta, el juez consideró que la misma, tanto por la quita como en el plazo de pago, y “la indeterminación del comienzo del término y la falta de contabilización de intereses por el lapso de espera a que se somete el pago de los créditos, genera en rigor, una quita superior a la mera expresión de la merma prevista (como se demostró) y una clara afectación del derecho de propiedad de los acreedores, configurando un abuso del Derecho”.

En ese sentido, Lorenzini dijo haber “arribado a la convicción de que dicha propuesta concordataria debe ser modificada y ajustada por la concursada de un modo razonable, de tal forma que satisfaga adecuadamente los intereses en juego y justifique el esfuerzo compartido de los acreedores, trabajadores y terceros involucrados (directa o indirectamente), en la búsqueda de una resolución al conflicto”.

Con todo, el pedido del juez se interpretó en ámbitos judiciales como un un implícito adelanto de que prorrogará el plazo del “período de exclusividad” que vence el 16 de diciembre. Luego los acreedores podrían proponer negociaciones particulares antes de la quiebra. Aunque no dio precisiones al respecto, se estima que el juez extenderá unos meses la posibilidad de que se llegue a un acuerdo.

Lorenzini mantiene la vocación acuerdista, pero más exigente

Sin renunciar a la vocación acuerdista que ha sostenido desde febrero de 2020, cuando se hizo cargo del concurso, Lorenzini pugna por mayores aportes de Vicentin y los interesados estratégicos. Al respecto, evaluó que “el pago propuesto a los acreedores proviene de la afectación de un porcentaje de las ganancias que la empresa en crisis generará, no evidenciándose ningún aporte extra por parte de los accionistas. El esfuerzo que la concursada pretende efectuar, se traduciría en percibir menos ganancias, mientras los acreedores deben sacrificar el 70% de sus acreencias. Esto resultaría prima facie violatorio de las pautas de la ley de sociedades”.

Por último, el juez cuestionó el fideicomiso en garantía que se planteó en la propuesta como mecanismo para transferir el control de los interesados estratégicos. Particularmente, dijo que en la oferta se menciona que, “en caso de quiebra, dichos activos serán inmediatamente transferidos por el fiduciario a los inversores estratégicos del acuerdo, quienes continuarán con los pagos anuales comprometidos en las condiciones pactadas en los contratos de mención”, y consideró que “prima facie, dicho esquema no resulta compatible con las garantías que la ley concursal y el derecho civil argentino pretenden ofrecer a los acreedores”.

Afirmó que “no se cuenta con certeza acerca de quién será el Fiduciario, siendo aquella una figura fundamental para a aprobación judicial del esquema planteado. Tampoco se ha explicitado (ni en el escrito de propuesta ni en la hoja de términos), qué tipo de garantías habrían de suscribir los inversores/garantes estratégicos a los fines de su análisis y aprobación previa por parte de los órganos concursales, acreedores y del propio tribunal”.

Sobre el plan de salida de la crisis, Lorenzini recordó que “en el momento de prorrogar el período de exclusividad (de septiembre a diciembre), se dispuso la necesidad de una propuesta de organización empresaria que dispuso:

  • (a) Información acerca de las consecuencias que traería aparejada para el empleo, la propuesta concordataria, en particular con relación a eventuales despidos, acuerdos sobre jornadas reducidas o medidas similares que pretenden adoptarse;
  • (b) Flujos financieros estimados del deudor;
  • (c) Toda nueva financiación prevista como parte del plan de reestructuración y los motivos por los cuales es necesario y razonable aplicar dicho plan;
  • (d) Una exposición de motivos que explique por qué el plan de reestructuración ofrece una perspectiva razonable de evitar la insolvencia y garantizar la viabilidad de la empresa, junto con las condiciones previstas, necesarias para el éxito de la propuesta”.

Y ahora consideró que “de todos los temas requeridos, se ha desarrollado (parcial y escuetamente) solamente el apartado b), habiéndose omitido sin razón aparente, todo lo demás que permitiría el análisis en perspectiva de la propuesta concordataria con un plan de trabajo razonablemente organizado en función de la misma. Por lo tanto, deberá complementarse conforme lo solicitado y expresamente aceptado por la concursada”.

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