Elecciones 2021: Las denuncias en la Justicia por clientelismo incluyen reparto de agua y entrega de pavas

Fondos públicos para abordaje territorial, servicios básicos e indispensables como el agua, electrodomésticos de los más diversos, dinero de la coparticipación, utilización del aparato del Estado, son sólo algunos de los reproches de la oposición que terminaron en denuncias judiciales contra el oficialismo en distintas provincias, de cara a las elecciones del 14 de noviembre.…

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Fondos públicos para abordaje territorial, servicios básicos e indispensables como el agua, electrodomésticos de los más diversos, dinero de la coparticipación, utilización del aparato del Estado, son sólo algunos de los reproches de la oposición que terminaron en denuncias judiciales contra el oficialismo en distintas provincias, de cara a las elecciones del 14 de noviembre.

La campaña electoral se inició hace diez días. Mientras el Gobierno busca revertir los números de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la oposición por su lado, busca incrementar la diferencia sobre todo en aquellos distritos que buscan renovar una banca en el Senado donde por ahora, el kirchnerismo cuenta con mayoría propia.

Hay una fecha que los políticos no pierden de vista: el 20 de octubre. Ese será el último día en el que se podrán realizar actos de públicos “susceptibles de promover la captación del sufragio”, como sostiene el calendario de la Cámara Nacional Electoral. Con ese telón de fondo y la dura derrota que sufrió el gobierno el pasado 12 de septiembre, la oposición sostiene que estamos ante una campaña del “vale todo por un voto”. En algunos distritos se avanzó con denuncias penales.

La denuncia más reciente presentada ante la Justicia la realizó el Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio, contra Alberto Rodríguez Saá, en San Luis, por la “utilización de dinero público con fines clientelistas y discrecionales”. Se trata de $ 400 millones que se otorgaran en concepto de “adelantos de coparticipación para los municipios del oficialismo provincial, y también la apertura de fondos rotatorios bajo la titularidad de todos los ministros y secretarios de Estado”.

Se planteó que el comportamiento del gobernador puntano “podría configurarse como acciones típicas disfrazadas de asistencia social, mediante la posible extracción o desvío de fondos públicos para la financiación de actividades partidarias a través de la entrega de dinero en efectivo”.

En las PASO, el peronismo en San Luis obtuvo el 37,3% de los votos contra el 46,9% de Juntos por el Cambio. El diputado nacional de la UCR, Alejandro Cacace, denunció además que el Gobierno modificó el Presupuesto 2021 “para transferir a los Gobernadores 5 mil 200 millones de pesos para “abordaje territorial”. Esto más que duplica el crédito vigente de todo este año para ese programa, Ministerio de Desarrollo Social. ¿Plata para campaña?”, sostuvo. Esto derivó en una denuncia que el PRO formalizó a nivel nacional. 

En el sur del país, Alicia Kirchner -gobernadora de Santa Cruz cuyo candidato quedó doce puntos abajo de Juntos por el Cambio- afronta dos denuncias formuladas por la UCR. En primer término se la acusó de haber violado las restricciones de los actos de gobierno, llevando a su candidato Gustavo González a la inauguración de una obra de tendido de gas, previo a las PASO. Y en segundo término, la utilización de fondos estatales y del aparato del Estado, para posicionar desde el portal del gobierno santacruceño, al candidato a diputado nacional.

En tierra bonaerense, el PRO presidido por Patricia Bullrich, denunció hace poco la entrega de electrodomésticos para instituciones comunitarias en General Rodríguez. El partido opositor denunció que el municipio conducido por el intendente Mauro García, “regaló cocinas, garrafas y heladeras, una semana después de las elecciones legislativas PASO. “¿Por qué? Porque hay dos formas de hacer política: comprando votos y subestimando a la gente, o escuchando, trabajando, y construyendo un país con futuro”, sostuvieron.

Una investigación en curso tiene el fiscal federal Ricardo Toranzos en Salta, donde se investiga la utilización del Estado para presuntos actos electorales, específicamente, se abrió un expediente por un lote de pavas eléctricas compradas con fondos del PAMI de la seccional provincial. Si bien se había argumentado que iban a distribuirse entre los afiliados, fueron entregadas durante la campaña electoral.

Este expediente está vinculado a la causa donde se condenaron a 33 concejales salteños por haber percibido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia, cuando no les correspondía. El escándalo alcanzó al ex titular de la ANSES donde además se investiga si La Cámpora exigía que los empleados entreguen el 20% de sus haberes para dicha agrupación. 

En el norte del país, el agua potable se convirtió en eje de diversas denuncias. En Santiago del Estero la concejal opositora, Belén Pinto, realizó una denuncia penal por denuncia por el delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Walter Verón, Director de Desarrollo Regional dependiente del Ministerio de Producción. Contó que fue él quien le respondió a un vecino que ante el pedido de un camión de agua para alimentar animales de cría, ante la sequía que se sufre “el funcionario respondió Si quieren agua esperen que llueve, eso les pasa por votar a Zamora”.

Según consta en la denuncia formulada, ante la pregunta de cómo sabía él si ellos habían o no votado al gobernador, “éste les respondió que en esa localidad habían marcado los votos”.

La oposición en Formosa también planteó que en la localidad de Ibarreta donde se inauguró una red de agua potable, pese a que la promesa de dicho servicio data de 2006. El diputado Felipe Cabrera, hombre de Gildo Insfrán, mostró fotografías durante el acto con carteles que mostraban la imagen del gobernador y la consigna “Agua para Todos”.

Al respecto, el diputado provincial Adrián Malgarini dijo a Clarín que “no sólo en Ibarreta sino en otras localidades del interior, la estructura es muy antigua y no llega la distribución de agua, el agua es un problema recurrente y siempre utilizan esta necesidad para la campaña”.

Hay dos datos que unen a estas dos provincias: la ONG Sed Cero sostuvo que el 40% de la población del país no tiene agua apta para el consumo, o su acceso está restringido. En ese análisis, Santiago del Estero cuenta con 31.451 hogares sin agua y Formosa con 17.793 hogares.

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