¿Quién decide lo que se publica y lo que no en Facebook?

“Sabemos que las redes sociales pueden difundir discursos que son odiosos, dañinos y engañosos”, reza la publicación de el New York Times, al tiempo que anuncia los nombres de los copresidentes de la junta de supervisión de Facebook. Catalina Botero-Marino, Jamal Greene, Michael W. McConnell y Helle Thorning-Schmidt, quienes firman el artículo, son los designados…

¿Quién decide lo que se publica y lo que no en Facebook?

“Sabemos que las redes sociales pueden difundir discursos que son odiosos, dañinos y engañosos”, reza la publicación de el New York Times, al tiempo que anuncia los nombres de los copresidentes de la junta de supervisión de Facebook. Catalina Botero-Marino, Jamal Greene, Michael W. McConnell y Helle Thorning-Schmidt, quienes firman el artículo, son los designados para encarar la tarea de “sanear” el contenido de la red social. Esta suerte de tribunal de justicia entraría en vigencia este mismo año y tendrá un total de veinte miembros. Según sostienen los actuales integrantes de la junta, su constitución sería totalmente ajena a la estructura de Facebook y contaría con su financiación propia, intentando garantizar autonomía y transparencia en sus decisiones. 

¿Quiénes son los que presiden este selecto grupo? Catalina Botero-Marino es ex relatora especial sobre libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos. Jamal Greene es profesor de Derecho en la Universidad de Columbia. Michael W. McConnell es profesor de Derecho en la Universidad de Stanford. Helle Thorning-Schmidt es ex primera ministra de Dinamarca. Mientras tanto, entre el resto de los integrantes seleccionados se encuentran un ex juez y vicepresidente de la European Court of Human Rights (Andras Sajo), el ex editor en jefe de The Guardian (Alan Rusbridger), un Nobel de la Paz por promocionar la libertad de expresión en Yemen durante los levantamientos de la Primavera Árabe (Tawakkul Karman), un vicecanciller de la National Law School of India University (Sudhir Krishnawamy), el ex director general del Ministerio de Justicia Israelí (Emi Palmor) y la líder de Africa´s Internet Without Borders (Julie Owono).

El nuevo organismo será financiado por un fondo fiduciario de 130 millones de dólares, completamente independiente de Facebook y tampoco podría ser revocado por dicha empresa. Según claman sus miembros, bajo esta premisa de independencia y libertad de expresión, intentarán dictar sentencias y sentar precedentes sobre el contenido más crítico del feed de noticias. “Incitación al odio, el acoso y la protección de la seguridad y la privacidad de las personas”, ejemplifica el comunicado publicado por NYT. En pocas palabras, la junta se reservará el derecho de emitir dictámenes sobre qué contenido prevalecerá y cuál deberá ser dado de baja tanto de Facebook como de Instagram. Por su parte, ciertos espacios accesorios como Messenger, Facebook Dating y WhatsApp se encuentran, de momento, exentos de la moderación.

En cuanto a los contenidos a revisar por la junta, aclaran que no podrán revisar los millones de casos que probablemente recibirán al año: “Nos enfocaremos en identificar casos que tengan un impacto en el mundo real, que sean importantes para el discurso público y que planteen debates sobre las políticas actuales de Facebook”. Algunos ejemplos mencionados son aquellos en los que la línea divisoria entre la sátira y el odio no está clara, la manipulación de contenido publicado por figuras públicas y el material gráfico publicado luego de eventos trágicos. Cada caso será abordado por un panel de integrantes rotativo que deberá llegar a una definición; la misma será evaluada más tarde por todos los integrantes de la junta para determinar si se aprueba o no. En caso de disidencia, un nuevo panel con otros integrantes reiniciaría el proceso.

Las decisiones tomadas por la junta serán presentadas a Facebook, bajo previo compromiso de la compañía y del propio Mark Zuckerberg de considerarlas y cumplirlas, incluso si fueran en contra de las políticas vigentes. No obstante, la empresa está obligada únicamente a considerar las recomendaciones, pero no a ponerlas en práctica; en caso de optar por desoírlas, deberá emitir un comunicado explicando el porqué. 

En la prensa internacional todavía circulan muchas incógnitas acerca del potencial de la junta y de los efectos de la regulación. Kara Swisher, periodista norteamericana especializada en empresas tecnológicas, realizó una colaboración con The New York Times explicando su punto de vista al respecto. Según Swisher, la delegación que compone el jurado fue cuidadosamente pensada para incorporar gente altamente capacitada, con altos índices de credibilidad y con diferencias culturales y políticas lo suficientemente variopintas como para que nadie se sienta ofendido. Sin embargo, criticó la exclusión de personas más conflictivas (“loudmouth”) o que hayan estado en contacto con el “lado peligroso de Facebook”. A modo de ejemplo, citó el caso de los familiares de las víctimas de la balacera de Sandy Hook (2012), la más fatal en la historia de los Estados Unidos, quienes sufrieron el acoso del teórico conspiracionista Alex Jones, quien sostenía que el tiroteo que acabó con la vida de al menos 28 personas se había tratado de “una farsa”, al tiempo que abogaba en contra de la regulación de la tenencia de armas.

Otra polémica que se disparó a raíz de la conformación de la junta es el tratamiento que recibirán los anuncios políticos. La revista Wired, por caso, apuntó que las resoluciones del organismo probablemente vayan en contra de las creencias del propio Mark Zuckerberg, quien sostenía hasta no hace mucho que eran los mismos usuarios quienes debían encargarse de distinguir qué anuncios eran reales y cuáles no. 

Por otro lado, Live Mint y otros portales coinciden en la oportunidad de la medida. A través de la implementación de la junta reguladora, Facebook se garantiza su independencia del sector público, puesto que puso su moderación de contenido en manos de una entidad privada. No obstante, la experiencia que conduce la plataforma podría sentar un importante precedente en la forma en que se filtra el contenido de la web, manteniendo al Estado lo más a raya posible.

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